Converso con Roberto Pereira, quien trabajó durante 11 años en la Defensoría del Pueblo del Perú. Ahora dirige un estudio jurídico que acoge casos de litigio pro bono que tienen que ver con la libertad de expresión y el acceso a la información.
Él asumió la defensa de radio La Voz de Bagua Grande, ubicada en la localidad del mismo nombre (noroeste del Perú), por pedido del IPYS, Perú. Una resolución ministerial, con fecha del 8 de junio, revocó la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande. No obstante, la emisora gozaba desde el 13 de marzo de 2007 de una autorización de radiodifusión por espacio de 10 años.
La resolución tomada en esa fecha preveía que La Voz de Bagua Grande dispusiese de un período de instalación y prueba de 12 meses. El director de la emisora, Carlos Flores Borja, afirmó haber remitido al ministerio, el 29 de enero, los documentos requeridos para la homologación. Dicho correo especificaba, con una carta del municipio de Utcubamba como prueba, que el sitio de instalación inicial de la radio se tuvo que cambiar por razones de seguridad. El Ministerio retomó precisamente ese motivo alegando una "opinión desfavorable" emitida el 31 de diciembre de 2008, antes de que acabase el período probatorio, para cancelar el permiso de radiodifusión.
¿Cuál es el fondo de este asunto? Reporteros sin Fronteras lo señala con claridad: "Nadie puede quedar engañado con las razones dadas por el Gobierno para acallar La Voz de Bagua Grande. Esta decisión interviene tras recientes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la región Amazonas. Varias voces, tanto por parte de la Policía como del poder político, acusaron a la emisora de haber fomentado el motín. Si esta acusación fuese fundada, entonces, ¿por qué recurrir a argumentos de tipos administrativo y técnico para justificar la cancelación de la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande? Se trata de un acto de censura y de intimidación".
Añade Reporteros sin Fronteras que: "En realidad, La Voz de Bagua Grande ha estado en el punto de mira del Gobierno desde los enfrentamientos que agitaron la región Amazonas al principio del mes de junio. En medio de los disturbios, el 5 de junio de 2009, que causaron unos 30 muertos, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, amenazó públicamente con cerrar La Voz de Bagua Grande y radio Oriente, otra emisora ubicada en Yurimaguas, por su supuesto "apoyo" de la violencia contra las fuerzas del orden".
Roberto Pereira, en cambio, apunta a la discrecionalidad con un fuerte olor a retaliación política con la cual actúan las autoridades de control. Y eso que en el Perú estamos hablando de una legislación relativamente nueva, discutida y probada después de la nefasta era Fujimori.
El poder tiene muchas formas de actuar para presionar a medios y periodistas. Una forma es, justamente, esgrimir "razones técnicas" para acallar un medio. Otro puede ser el firmar un decreto que significa castigar a los medios impresos con el retiro de la publicidad oficial por sus investigaciones periodísticas. Pero nada de eso sucede en nuestro país. ¿No es cierto?
martes 30 de junio de 2009
Los medios del Estado
¿Cuál es la diferencia entre un medio en poder del Estado y un medio de servicio público? Pese a lo que algunos nos quieren hacer creer, no es la propiedad. Es decir, un medio por estar en manos del Estado no es, necesariamente, "de todos".
¿Entonces? Se trata de la función que cumple. Si se exige que un medio privado cumpla un rol social, para un medio que se pretende público esa es su razón de ser. La función que cumple un medio tiene mucho que ver con la forma en que se gestiona un medio estatal, como con la programación que ofrece a la audiencia.
En la gestión de un medio público, por lo tanto, debe haber criterios muy bien definidos de eficiencia y "buen gobierno". Porque, además, recordémoslo, hay dineros del Estado. Es decir, existe la obligación de rendir cuentas al milímetro.
Si se atiende a los reportajes aparecidos en diario El Universo sobre el conglomerado de 15 medios de comunicación que maneja el Estado actualmente, debemos concordar que estamos muy lejos del ideal. Estamos simplemente ante un fenómeno de acumulación de medios en manos del Estado, manejados, al parecer sin transparencia o sin criterios precisos de calidad de gestión, de rendición de cuentas o que ofrezcan resultados de algún tipo. Y no me refiero a lo financiero, sino a la devolución a la sociedad de modelos de comunicación democráticos, incluyentes, transparentes, diversos... Todo aquello que se les pide a lo medios privados, por lo menos.
Como esto no se trata de simpatías o antipatías políticas o personales, veamos qué parámetros debe cumplir un medio en manos del Estado para que pueda pedir el apellido de "público". Se trata de unos parámetros desarrollados por algunos académicos y teóricos mexicanos. Veamos:
1. Independencia de gestión. Para su funcionamiento en atención al interés público, la independencia de gestión constituye un principio esencial.
2. Independencia editorial. Los medios públicos requieren libertad editorial para cumplir con la obligación de informar a la sociedad con criterios éticos, profesionales y de calidad.
3. Universalidad. Los medios públicos deben ser un servicio público para toda la sociedad, por lo que su acceso debe abarcar todo el territorio nacional.
4. Corresponsabilidad. Desarrollar una gestión transparente y abierta al control y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la aplicación de sus recursos.
5. Claridad jurídica. Los objetivos, los deberes y las directrices que guían el funcionamiento de los medios públicos deben estar claramente definidos y garantizados por la ley.
6. Pluralidad cultural. Los medios públicos deben contribuir de manera decidida a la afirmación y al reconocimiento de todas las culturas que conforman la nación.
7. Fomento a la cultura política democrática.
8. Compromiso con la educación.
9. Compromiso con la ciencia y las artes.
¿Cumplen alguno de estos criterios los 15 medios en manos del Estado? Dejo en sus manos la respuesta.
viernes 12 de junio de 2009
Carta de José Alonso
Apuesto, rotunda y definitivamente, por la libertad de prensa. Asumo, como periodista, que cometemos muchos errores y que actuamos de forma errónea de manera constante. Admito personalmente que incurrí en numerosas fallas mientras ejercía como periodista. Como sé que las compañeras y compañeros periodistas en Ecuador saben que yerran reiteradamente.
Muchos de nuestros errores tienen justificación. La información tiene que fluir con rapidez porque la noticia es fugaz y lo que tarda en comunicarse no es noticia sino historia. Y lo que se hace con premura, suele tener defectos.
Los periodistas somos personas y tenemos impulsos, y eso provoca que nos precipitemos y fallemos. Los profesionales de la información tenemos, cada uno, distinto color de ojos y vemos la realidad desde nuestra perspectiva, que es individual y subjetiva, porque no somos máquinas, ni somos infalibles, porque la objetividad no existe y porque, afortunadamente, no todos tenemos la misma visión de las cosas.
Pero también es cierto que muchos de nuestros fallos no tienen justificación. Que, impulsados por nuestros sentimientos —porque somos humanos, aunque a veces no lo parezca—, tratamos los datos y la información con poco respeto. Que llegamos a manipular algunas noticias acosados por la crisis perpetua del periodismo y por algunos empresarios y directivos poco escrupulosos; y que a veces —pocas— somos corrompidos y engañados por políticos y fuentes indignas.
Es evidente que los periodistas y los medios informativos tenemos que plantearnos cuanto antes un proceso de autocrítica porque se lo debemos a la ciudadanía y por nuestro propio interés y supervivencia.
Y también quiero decir que soy consciente de que el presidente Rafael Correa persigue lo mejor para Ecuador. Creo que lo buscó siempre, desde el primer día, y que mantiene esa posición, a pesar de errores y equivocaciones propios del ser humano.
Con estas —amplias— consideraciones previas y con las reservas necesarias porque la distancia me impide manejar todos los datos y matices, quiero expresar, con carácter general, mi respaldo a las mujeres y hombres del periodismo en Ecuador, así como a los empresarios del sector que actúan de buena fe, aunque se puedan equivocar.
Sin corporativismo, deseo señalar mi respeto a Sebastián Corral, Jorge Ortiz, Milton Pérez, Freddy Paredes y a tantos compañeros y compañeras, la mayoría desconocidos para la ciudadanía, que hacen posible cada día TeleAmazonas. Lo mismo debo decir en relación a los profesionales en Ecuavisa, Hoy, El Universo, Vistazo, El Comercio, Vanguardia, Expreso, Telégrafo y los centenares de publicaciones, radios y televisiones ecuatorianos.
Los medios y los periodistas no están por encima de la ley, pero creo que el poder Ejecutivo —el Gobierno— no debe intervenir en el monitoreo ni fiscalización del contenido editorial de los medios informativos, salvo para fijar las contraprestaciones que, por utilizar el espacio público, deben ofrecer a la sociedad en forma de espacios formativos, culturales e infantiles, entre otros. Es más, defiendo que, en democracia, los periodistas son un agente de control/veeduría fundamental sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que así debe seguir siendo.
Los periodistas pueden y deben ser vigilados y, si fuera preciso, sancionados, pero lo debe hacer un poder judicial independiente y con las garantías debidas. Las leyes que existen son, a mi juicio, suficientes para proteger a la sociedad frente a posibles abusos. Que se apliquen las leyes y que lo haga el poder judicial.
Es suficiente.
Madrid, 10 de junio de 2009
José Alonso Seco
periodista
Muchos de nuestros errores tienen justificación. La información tiene que fluir con rapidez porque la noticia es fugaz y lo que tarda en comunicarse no es noticia sino historia. Y lo que se hace con premura, suele tener defectos.
Los periodistas somos personas y tenemos impulsos, y eso provoca que nos precipitemos y fallemos. Los profesionales de la información tenemos, cada uno, distinto color de ojos y vemos la realidad desde nuestra perspectiva, que es individual y subjetiva, porque no somos máquinas, ni somos infalibles, porque la objetividad no existe y porque, afortunadamente, no todos tenemos la misma visión de las cosas.
Pero también es cierto que muchos de nuestros fallos no tienen justificación. Que, impulsados por nuestros sentimientos —porque somos humanos, aunque a veces no lo parezca—, tratamos los datos y la información con poco respeto. Que llegamos a manipular algunas noticias acosados por la crisis perpetua del periodismo y por algunos empresarios y directivos poco escrupulosos; y que a veces —pocas— somos corrompidos y engañados por políticos y fuentes indignas.
Es evidente que los periodistas y los medios informativos tenemos que plantearnos cuanto antes un proceso de autocrítica porque se lo debemos a la ciudadanía y por nuestro propio interés y supervivencia.
Y también quiero decir que soy consciente de que el presidente Rafael Correa persigue lo mejor para Ecuador. Creo que lo buscó siempre, desde el primer día, y que mantiene esa posición, a pesar de errores y equivocaciones propios del ser humano.
Con estas —amplias— consideraciones previas y con las reservas necesarias porque la distancia me impide manejar todos los datos y matices, quiero expresar, con carácter general, mi respaldo a las mujeres y hombres del periodismo en Ecuador, así como a los empresarios del sector que actúan de buena fe, aunque se puedan equivocar.
Sin corporativismo, deseo señalar mi respeto a Sebastián Corral, Jorge Ortiz, Milton Pérez, Freddy Paredes y a tantos compañeros y compañeras, la mayoría desconocidos para la ciudadanía, que hacen posible cada día TeleAmazonas. Lo mismo debo decir en relación a los profesionales en Ecuavisa, Hoy, El Universo, Vistazo, El Comercio, Vanguardia, Expreso, Telégrafo y los centenares de publicaciones, radios y televisiones ecuatorianos.
Los medios y los periodistas no están por encima de la ley, pero creo que el poder Ejecutivo —el Gobierno— no debe intervenir en el monitoreo ni fiscalización del contenido editorial de los medios informativos, salvo para fijar las contraprestaciones que, por utilizar el espacio público, deben ofrecer a la sociedad en forma de espacios formativos, culturales e infantiles, entre otros. Es más, defiendo que, en democracia, los periodistas son un agente de control/veeduría fundamental sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que así debe seguir siendo.
Los periodistas pueden y deben ser vigilados y, si fuera preciso, sancionados, pero lo debe hacer un poder judicial independiente y con las garantías debidas. Las leyes que existen son, a mi juicio, suficientes para proteger a la sociedad frente a posibles abusos. Que se apliquen las leyes y que lo haga el poder judicial.
Es suficiente.
Madrid, 10 de junio de 2009
José Alonso Seco
periodista
jueves 4 de junio de 2009
ECUADOR: President threatens to take action against critical media
New York, June 4, 2009—The opening of two government investigations into private television network Teleamazonas and threats of legal action by Ecuadoran President Rafael Correa against critical media outlets are an attempt by the government to stifle dissent, the Committee to Protect Journalists said today.
During his weekly radio address on Saturday, President Correa said that he would resort to legal action to “finish now with the corrupt press.” Following the president’s threat, the National Council of Telecommunications (CONARTEL)—Ecuador’s broadcasting regulator—upheld a sanction against Teleamazonas, which has two other pending investigations that could lead to the broadcaster’s shutdown, César Ricaurte, executive director of the local press freedom group Fundamedios, told CPJ.
CONARTEL fined Teleamazonas US$20 after it aired a bullfight on February 17, the Ecuadoran press reported. A 2008 CONARTEL resolution forbids broadcasts of bullfights between 6 a.m. and 9 p.m. On Saturday, Correa said Telemazonas had violated Article 58 of Ecuador’s Law on Broadcasting with last week’s broadcast of a story on the ecological damage caused by oil exploration in the southern Puná Island by the Venezuelan state oil company PDVSA. The president also called for an investigation into the national daily El Universo for publishing a similar report, according to local news reports.
“By threatening to take direct action against media outlets that criticize President Correa’s policies, the Ecuadoran government is trying to repress opposing ideas and opinions,” said CPJ Americas Senior Program Coordinator Carlos Lauría. “We call on Correa to abstain from threatening critical media outlets.”
In May, CONARTEL opened a second investigation into the network for allegedly violating Article 58, which prohibits airing “news based on unfounded allegations that could produce social unrest,” in a story about ballot counting. If the network is sanctioned it could face a 90-day suspension for its second violation.
Correa has had a contentious relationship with Ecuador’s critical media since taking office in 2006. During his Saturday radio address, he said: “We are not willing to be the victims of a corrupt press,” which he also referred to as “conspirators” and “destabilizing.” Correa added that “the party is over, we are going to apply the law.” He threatened to take direct action against Teleamazonas and El Universo. Teleamazonas has been a harsh critic of Correa’s administration.
On May 28, unidentified individuals tossed two homemade bombs and antigovernment pamphlets at Teleamzonas’ offices in Quito, the Ecuadoran press reported. No one was injured during the attack, which caused minor damage to the building’s main entrance. Police say they are investigating the attack.
CPJ is a New York-based, independent, nonprofit organization that works to safeguard press freedom around the world.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ECUADOR: Presidente amenaza con tomar acción directa contra medios críticos
Nueva York, 4 de junio de 2009—La apertura de dos procesos administrativos contra la cadena televisiva privada Teleamazonas y amenazas de acción legal por parte del Presidente ecuatoriano Rafael Correa contra medios críticos son un intento del gobierno de reprimir el disenso, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señaló hoy.
El sábado, durante su programa semanal de radio, el Presidente Correa afirmó que acudirá a instancias legales administrativas para “acabar ahora con la prensa corrupta”. Tras la amenaza del presidente, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión —el organismo encargado de regular el espacio radioeléctrico— confirmó una sanción contra Teleamazonas, que tiene otros dos procesos pendientes que pueden culminar con el cierre de la cadena televisiva, indicó al CPJ César Ricaurte, director ejecutivo del grupo de libertad de prensa Fundamedios.
CONARTEL impuso una multa de 20 dólares a Teleamazonas luego de emitir una corrida de toros el 17 de febrero, según informó la prensa ecuatoriana. Una resolución adoptada por CONARTEL en 2008 prohíbe la emisión de corridas de toros entre las 6 a.m. y las 9 p.m. El sábado, Correa afirmó que Telemazonas había violado el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión con el programa emitido la semana pasada sobre el daño ecológico ocasionado por la exploración petrolera de la compañía estatal de venezolana PDVSA en la isla sureña de Puná. El presidente también instó a que se investigara al diario nacional El Universo por publicar un informe similar, según informes de prensa.
“Al efectuar amenazas de acción directa contra los medios que critican las políticas del Presidente Correa, el gobierno está intentando reprimir ideas y opiniones enfrentadas”, afirmó al Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Exhortamos a Correa a abstenerse de amenazar a medios críticos”.
During his weekly radio address on Saturday, President Correa said that he would resort to legal action to “finish now with the corrupt press.” Following the president’s threat, the National Council of Telecommunications (CONARTEL)—Ecuador’s broadcasting regulator—upheld a sanction against Teleamazonas, which has two other pending investigations that could lead to the broadcaster’s shutdown, César Ricaurte, executive director of the local press freedom group Fundamedios, told CPJ.
CONARTEL fined Teleamazonas US$20 after it aired a bullfight on February 17, the Ecuadoran press reported. A 2008 CONARTEL resolution forbids broadcasts of bullfights between 6 a.m. and 9 p.m. On Saturday, Correa said Telemazonas had violated Article 58 of Ecuador’s Law on Broadcasting with last week’s broadcast of a story on the ecological damage caused by oil exploration in the southern Puná Island by the Venezuelan state oil company PDVSA. The president also called for an investigation into the national daily El Universo for publishing a similar report, according to local news reports.
“By threatening to take direct action against media outlets that criticize President Correa’s policies, the Ecuadoran government is trying to repress opposing ideas and opinions,” said CPJ Americas Senior Program Coordinator Carlos Lauría. “We call on Correa to abstain from threatening critical media outlets.”
In May, CONARTEL opened a second investigation into the network for allegedly violating Article 58, which prohibits airing “news based on unfounded allegations that could produce social unrest,” in a story about ballot counting. If the network is sanctioned it could face a 90-day suspension for its second violation.
Correa has had a contentious relationship with Ecuador’s critical media since taking office in 2006. During his Saturday radio address, he said: “We are not willing to be the victims of a corrupt press,” which he also referred to as “conspirators” and “destabilizing.” Correa added that “the party is over, we are going to apply the law.” He threatened to take direct action against Teleamazonas and El Universo. Teleamazonas has been a harsh critic of Correa’s administration.
On May 28, unidentified individuals tossed two homemade bombs and antigovernment pamphlets at Teleamzonas’ offices in Quito, the Ecuadoran press reported. No one was injured during the attack, which caused minor damage to the building’s main entrance. Police say they are investigating the attack.
CPJ is a New York-based, independent, nonprofit organization that works to safeguard press freedom around the world.
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ECUADOR: Presidente amenaza con tomar acción directa contra medios críticos
Nueva York, 4 de junio de 2009—La apertura de dos procesos administrativos contra la cadena televisiva privada Teleamazonas y amenazas de acción legal por parte del Presidente ecuatoriano Rafael Correa contra medios críticos son un intento del gobierno de reprimir el disenso, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señaló hoy.
El sábado, durante su programa semanal de radio, el Presidente Correa afirmó que acudirá a instancias legales administrativas para “acabar ahora con la prensa corrupta”. Tras la amenaza del presidente, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión —el organismo encargado de regular el espacio radioeléctrico— confirmó una sanción contra Teleamazonas, que tiene otros dos procesos pendientes que pueden culminar con el cierre de la cadena televisiva, indicó al CPJ César Ricaurte, director ejecutivo del grupo de libertad de prensa Fundamedios.
CONARTEL impuso una multa de 20 dólares a Teleamazonas luego de emitir una corrida de toros el 17 de febrero, según informó la prensa ecuatoriana. Una resolución adoptada por CONARTEL en 2008 prohíbe la emisión de corridas de toros entre las 6 a.m. y las 9 p.m. El sábado, Correa afirmó que Telemazonas había violado el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión con el programa emitido la semana pasada sobre el daño ecológico ocasionado por la exploración petrolera de la compañía estatal de venezolana PDVSA en la isla sureña de Puná. El presidente también instó a que se investigara al diario nacional El Universo por publicar un informe similar, según informes de prensa.
“Al efectuar amenazas de acción directa contra los medios que critican las políticas del Presidente Correa, el gobierno está intentando reprimir ideas y opiniones enfrentadas”, afirmó al Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Exhortamos a Correa a abstenerse de amenazar a medios críticos”.
Frecuencias
La concesión de frecuencias de radio y TV revela de cuerpo entero la forma corrupta y amañada con que se ha manejado la cosa pública en el país. Una danza que incluyó la repartición de favores políticos y administrativos entre personajes de sucesivos gobiernos desde mediados de los años noventa hasta antes de ayer. Actos supuestamente “legalizados” a través de resoluciones ad hoc por parte de los mismos organismos de control.
Según el resumen ejecutivo del informe de la Comisión constitucional que auditó la concesión de frecuencias de radio y TV en el país revelado por Diario HOY, la situación es sumamente compleja pues se concluye que: "Todas las decisiones o resoluciones del Conartel adoptadas con una ilegal conformación de dicho órgano, puesto que participaron personas que la Constitución prohibía, son nulas de pleno derecho por haber sido aprobadas por un órgano constituido ilegalmente".
En buen romance: ninguna concesión otorgada en los últimos 10 años sería legal ni válida.
Estamos ante un momento crucial. Por un lado, el Estado podría decir se revierten todas las frecuencias. Pero eso aparte de vaciar el dial, es injusto. Finalmente, en esta trama hay responsabilidades por igual de quienes representaron al Estado en diversos momentos, como de algunos políticos o empresarios privados. De hecho, si se establecen responsabilidades, los funcionarios públicos implicados debieran ser los primeros en ser juzgados.
Un segundo camino, el ideal, es que el informe de paso a una restructuración de los organismos de control. Que Conartel e incluso la Suptel desaparezcan para dar paso a una institución conformada por ciudadanos independientes, de diversos sectores, sin intereses, pero con amplio conocimiento del sector. Que este organismo proceda a revisar las frecuencias con severidad, pero siguiendo el debido proceso, con base en el informe de la Comisión.
Finalmente, hay una tercera posibilidad... El peor escenario sería que el Gobierno haga una utilización política del informe, lo revele solo parcialmente, se proteja a los altos funcionarios del Régimen que tienen intereses, de forma directa o indirecta ,en el sector, y en cambio se actúe selectivamente en contra de medios críticos u opositores.
Si esto pasa, sería una oportunidad perdida para el país.
Debemos ser claro en un punto: no se puede invocar la libertad de prensa para encubrir la corrupción. Eso sería caer en una trampa. Pero, tampoco, se puede invocar el combate contra la corrupción para vulnerar la libertad de prensa. ¿Dónde está la diferencia? En que se actúe con rapidez, transparencia, equilibrio y sin discrecionalidad.
Como decía antes: estamos ante un punto crucial.
Según el resumen ejecutivo del informe de la Comisión constitucional que auditó la concesión de frecuencias de radio y TV en el país revelado por Diario HOY, la situación es sumamente compleja pues se concluye que: "Todas las decisiones o resoluciones del Conartel adoptadas con una ilegal conformación de dicho órgano, puesto que participaron personas que la Constitución prohibía, son nulas de pleno derecho por haber sido aprobadas por un órgano constituido ilegalmente".
En buen romance: ninguna concesión otorgada en los últimos 10 años sería legal ni válida.
Estamos ante un momento crucial. Por un lado, el Estado podría decir se revierten todas las frecuencias. Pero eso aparte de vaciar el dial, es injusto. Finalmente, en esta trama hay responsabilidades por igual de quienes representaron al Estado en diversos momentos, como de algunos políticos o empresarios privados. De hecho, si se establecen responsabilidades, los funcionarios públicos implicados debieran ser los primeros en ser juzgados.
Un segundo camino, el ideal, es que el informe de paso a una restructuración de los organismos de control. Que Conartel e incluso la Suptel desaparezcan para dar paso a una institución conformada por ciudadanos independientes, de diversos sectores, sin intereses, pero con amplio conocimiento del sector. Que este organismo proceda a revisar las frecuencias con severidad, pero siguiendo el debido proceso, con base en el informe de la Comisión.
Finalmente, hay una tercera posibilidad... El peor escenario sería que el Gobierno haga una utilización política del informe, lo revele solo parcialmente, se proteja a los altos funcionarios del Régimen que tienen intereses, de forma directa o indirecta ,en el sector, y en cambio se actúe selectivamente en contra de medios críticos u opositores.
Si esto pasa, sería una oportunidad perdida para el país.
Debemos ser claro en un punto: no se puede invocar la libertad de prensa para encubrir la corrupción. Eso sería caer en una trampa. Pero, tampoco, se puede invocar el combate contra la corrupción para vulnerar la libertad de prensa. ¿Dónde está la diferencia? En que se actúe con rapidez, transparencia, equilibrio y sin discrecionalidad.
Como decía antes: estamos ante un punto crucial.
A los cinco años, hay que despertarla
La semana pasada se cumplió cinco años de la vigencia de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOTAIP. El cumpleaños es agridulce. Se celebra al existencia de la niña. Pero preocupa que en el tiempo transcurrido ha perdido mucho de su entusiasmo, alegría y empuje inicial.
¿Qué ha sucedido? En una reunión que se celebró en el mes de abril en Lima promovida por el Centro Carter entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instancias estatales se hizo un análisis detallado del estado de la situación y de lo que se debiera hacer en adelante.
Lo que sucede en el caso ecuatoriano tienen sus particularidades, pero se enmarca en tendencias generales. Por eso, el documento final de la reunión promovida por el Centro Carter y suscrito por entidades de todo el continente, parace describir la situación casi a la medida: “Los mayores retos para ejercer el derecho de acceso a la información son la falta de ejecución y cumplimiento, los retrocesos en los sistemas mas desarrollando y la ausencia generalizada del uso de las leyes y mecanismos vigentes.”
Es decir, la Ley existe. Eso es un inicio, pero ya en el momento de la aplicación encontramos montón de obstáculos en el camino: desde malos sistemas de archivo, ineficacia y hasta desidia de los funcionarios públicos, falta de conocimiento de los derechos que tenemos como ciudadanos para exigir tal o cual información, subsistencia de una cultura del secreto.
Y en eso el documento de Lima que complementa la llamada “Declaración de >Atlanta es muy claro: “La práctica del secretismo entre toda una gama de actores no estatales y multinacionales, sobre todo entre entidades con una importancia sistémica, como las industrias extractivas, de telecomunicaciones, farmacéuticas y agroquímicas, al igual que en los sectores bancarios y financieros, puede perjudicar los derechos humanos fundamentales y tener impactos negativos en los medios de vida sostenibles.”
En definitiva a cinco años, hay mucho que hacer para que la Ley de Acceso a la Información se convierta en un mecanismo válido de ejercicio de derechos de los ciudadanos. Y es indudable que se ha avanzado mucho en la transparencia pasiva. Es decir, en el hecho de que existen páginas web gubernamentales, que hay un sistema de compras públicas en línea, sin embargo, -y conozco muchos casos de primera mano- de que cuando los medios o los periodistas solicitan información específica, sistemáticamente esas peticiones no son atendidas o son rechazadas.
Estamos en un punto muy oportuno. A los cinco años es necesario despetar a la niña dormida y relanzar el debate social alrededor del acceso a la información, a través de foros y discusiones públicas, pues se hace necesario compatibilizar la Ley con la nueva Constitución, en cuanto a procedimientos y garantías.
Es necesario, también, que la Defensoría del Pueblo, presente un informe sobre lo que ha hecho para promover el uso de la Ley.
¿Qué ha sucedido? En una reunión que se celebró en el mes de abril en Lima promovida por el Centro Carter entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instancias estatales se hizo un análisis detallado del estado de la situación y de lo que se debiera hacer en adelante.
Lo que sucede en el caso ecuatoriano tienen sus particularidades, pero se enmarca en tendencias generales. Por eso, el documento final de la reunión promovida por el Centro Carter y suscrito por entidades de todo el continente, parace describir la situación casi a la medida: “Los mayores retos para ejercer el derecho de acceso a la información son la falta de ejecución y cumplimiento, los retrocesos en los sistemas mas desarrollando y la ausencia generalizada del uso de las leyes y mecanismos vigentes.”
Es decir, la Ley existe. Eso es un inicio, pero ya en el momento de la aplicación encontramos montón de obstáculos en el camino: desde malos sistemas de archivo, ineficacia y hasta desidia de los funcionarios públicos, falta de conocimiento de los derechos que tenemos como ciudadanos para exigir tal o cual información, subsistencia de una cultura del secreto.
Y en eso el documento de Lima que complementa la llamada “Declaración de >Atlanta es muy claro: “La práctica del secretismo entre toda una gama de actores no estatales y multinacionales, sobre todo entre entidades con una importancia sistémica, como las industrias extractivas, de telecomunicaciones, farmacéuticas y agroquímicas, al igual que en los sectores bancarios y financieros, puede perjudicar los derechos humanos fundamentales y tener impactos negativos en los medios de vida sostenibles.”
En definitiva a cinco años, hay mucho que hacer para que la Ley de Acceso a la Información se convierta en un mecanismo válido de ejercicio de derechos de los ciudadanos. Y es indudable que se ha avanzado mucho en la transparencia pasiva. Es decir, en el hecho de que existen páginas web gubernamentales, que hay un sistema de compras públicas en línea, sin embargo, -y conozco muchos casos de primera mano- de que cuando los medios o los periodistas solicitan información específica, sistemáticamente esas peticiones no son atendidas o son rechazadas.
Estamos en un punto muy oportuno. A los cinco años es necesario despetar a la niña dormida y relanzar el debate social alrededor del acceso a la información, a través de foros y discusiones públicas, pues se hace necesario compatibilizar la Ley con la nueva Constitución, en cuanto a procedimientos y garantías.
Es necesario, también, que la Defensoría del Pueblo, presente un informe sobre lo que ha hecho para promover el uso de la Ley.
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