A los cinco años, hay que despertarla

La semana pasada se cumplió cinco años de la vigencia de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOTAIP. El cumpleaños es agridulce. Se celebra al existencia de la niña. Pero preocupa que en el tiempo transcurrido ha perdido mucho de su entusiasmo, alegría y empuje inicial.

¿Qué ha sucedido? En una reunión que se celebró en el mes de abril en Lima promovida por el Centro Carter entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instancias estatales se hizo un análisis detallado del estado de la situación y de lo que se debiera hacer en adelante.

Lo que sucede en el caso ecuatoriano tienen sus particularidades, pero se enmarca en tendencias generales. Por eso, el documento final de la reunión promovida por el Centro Carter y suscrito por entidades de todo el continente, parace describir la situación casi a la medida: “Los mayores retos para ejercer el derecho de acceso a la información son la falta de ejecución y cumplimiento, los retrocesos en los sistemas mas desarrollando y la ausencia generalizada del uso de las leyes y mecanismos vigentes.”

Es decir, la Ley existe. Eso es un inicio, pero ya en el momento de la aplicación encontramos montón de obstáculos en el camino: desde malos sistemas de archivo, ineficacia y hasta desidia de los funcionarios públicos, falta de conocimiento de los derechos que tenemos como ciudadanos para exigir tal o cual información, subsistencia de una cultura del secreto.

Y en eso el documento de Lima que complementa la llamada “Declaración de >Atlanta es muy claro: “La práctica del secretismo entre toda una gama de actores no estatales y multinacionales, sobre todo entre entidades con una importancia sistémica, como las industrias extractivas, de telecomunicaciones, farmacéuticas y agroquímicas, al igual que en los sectores bancarios y financieros, puede perjudicar los derechos humanos fundamentales y tener impactos negativos en los medios de vida sostenibles.”

En definitiva a cinco años, hay mucho que hacer para que la Ley de Acceso a la Información se convierta en un mecanismo válido de ejercicio de derechos de los ciudadanos. Y es indudable que se ha avanzado mucho en la transparencia pasiva. Es decir, en el hecho de que existen páginas web gubernamentales, que hay un sistema de compras públicas en línea, sin embargo, -y conozco muchos casos de primera mano- de que cuando los medios o los periodistas solicitan información específica, sistemáticamente esas peticiones no son atendidas o son rechazadas.

Estamos en un punto muy oportuno. A los cinco años es necesario despetar a la niña dormida y relanzar el debate social alrededor del acceso a la información, a través de foros y discusiones públicas, pues se hace necesario compatibilizar la Ley con la nueva Constitución, en cuanto a procedimientos y garantías.

Es necesario, también, que la Defensoría del Pueblo, presente un informe sobre lo que ha hecho para promover el uso de la Ley.