La Constitución del Ecuador, aprobada en Octubre de 2008, establece en su Disposición Transitoria Vigésimo Cuarta, que se conformará una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión, cuyo informe deberá entregarse en un plazo máximo de 180 días.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1445, expedido el 20 de Noviembre de 2008, el Presidente Rafael Correa conforma la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión para que determine la constitucionalidad, legitimidad y transparencia de las concesiones desde los enfoques legal, financiero, social y comunicacional. La auditoría se aplica al periodo 1995-2008 y su metodología se deja a discreción y criterios técnicos de la propia Comisión.
Cumplido el plazo para el que fue creada la Comisión y una vez que ésta concluyó la investigación encomendada, procedió a entregar su Informe al Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), con fecha 20 de Mayo de 2009.
En sesión de 3 de Junio de 2009 el CONARTEL adoptó la Resolución No. 5856-09, disponiendo a la Asesoría Jurídica de ese organismo que emita un pronunciamiento respecto al contenido, conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión. FUNDAMEDIOS, por su parte, fundamentado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), presentó una petición ante la Presidencia de la República para que el Informe Final de la Comisión sea revelado, el mismo que nos fue entregado el día jueves 24 de junio del presente año.
FUNDAMEDIOS considera que el Informe de la Comisión contiene una serie de importantes conclusiones y describe acciones y omisiones relacionadas con la concesión de frecuencias para radio y televisión que estarían reñidas con el ordenamiento jurídico y que develan posibles actos de corrupción que deberán ser investigados y sancionados por las autoridades y jueces competentes. Cualquier proceso o sanción deberá respetar el principio del debido proceso, pues las personas naturales y jurídicas involucradas tienen el derecho de responder y presentar sus descargos.
Debido al volumen y complejidad de la investigación, FUNDAMEDIOS no puede por ahora avalar ni pronunciarse sobre su contenido. Sin embargo, pensamos que de ninguna manera el Informe de la Comisión puede caer en un saco vacío, sin motivar acciones y respuestas de parte de las autoridades de Gobierno y el CONARTEL.
A pesar de que las conclusiones de la Comisión no tienen efecto jurídico inmediato, creemos que pueden derivar en acciones de tipo administrativo y judicial, a través de los órganos competentes, que puede cambiar radicalmente el panorama de la comunicación audiovisual y radiofónica en el Ecuador.
Por estas razones, y consecuente con sus principios y objetivos institucionales, FUNDAMEDIOS pone a disposición de los ciudadanos de manera íntegra el Informe de la Comisión con todos sus anexos, para que se genere el debate público y transparente que amerita un informe de esta trascendencia.
Es saludable que en este caso particular la Presidencia de la República haya respondido en cumplimiento de la LOTAIP frente al pedido de información pública que hiciera FUNDAMEDIOS.
Solicitamos públicamente que respetando los mismos principios y con la misma celeridad la Presidencia de la República revele su anteproyecto de Ley de Comunicación, para que igualmente pueda ser debidamente conocido y debatido de la forma más participativa e incluyente, considerando la relevancia social que ese instrumento legal va a tener en el Ecuador.
Cualquier persona interesada podrá descargar el informe completo de www.fundamedios.org o podrá solicitar una copia en las oficinas de KOMITE CONSULTOR, nuestro gabinete de prensa, ubicado: Av. República del Salvador N35-126 y Portugal Edificio Zanté Of 407, Tfs: 3333229/ 3332776.
miércoles 1 de julio de 2009
Los propietarios de la información
La organización de la sociedad civil Fundamedios (de la cual soy director ejecutivo) presentó públicamente el informe que realizó la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión y que había sido entregado al Presidente de la República, el Ministro coordinador de sectores estratégicos y al presidente del Conartel, el pasado 20 de mayo.
El informe permaneció más de un mes sin que se hiciera público, pues, en el mientras tanto, el Conartel había emitido una resolución para preparar su defensa jurídica frente a los graves hechos investigados por la Comisión.
Del resumen ejecutivo que se filtró hace algunas semanas, se desprendía una serie de hechos de tal gravedad que era imposible permanecer impasible. Así que decidimos hacer una apuesta arriesgada: hacer un pedido de acceso a la información en la Presidencia de la República para que se nos entregara el informe. Con un gesto tan sencillo, se consiguió el documento. ¿Qué debíamos hacer? ¿Guardarlo? ¿Filtrarlo por “abajo” a periodistas y medios? ¿Coordinar estrategias con algunos ex comisionados como me reclamó enojado, mi amigo (¿o ex amigo?) José López Vigil?
No. La decisión fue hacer el gesto que consideramos correcto: entregar el informe públicamente a todos los medios para que todos los ciudadanos que quieran tenerlo y revisarlo lo puedan hacer, sin ninguna limitación. ¿Por qué? Por un principio: la información pública pertenece a los ciudadanos. No es propiedad de algún funcionario o de unos pocos escogidos.
¿Cuál es la estrategia detrás de la revelación pública del informe?, me preguntaron. Ninguna estrategia, respondí. Y comprendí que tras la pregunta había una idea: se nos acusa que con la revelación, "se le estaba haciendo el juego a los acusados de corrupción que están mencionados en el informe", por lo cual era necesario “concertar una estrategia”.
Obviamente, no soy ningún ingenuo, pero tampoco puedo estar de acuerdo con esa visión de las cosas. No creo que abrir las compuertas de una información tan relevante, tan grave y tan determinante como el informe de la comisión sea poner en peligro nada más, que no sea algún afán de protagonismo o alguna “estrategia” que no sabemos.
Muchas veces, las estrategias o las “tácticas” se basan en el uso de información que el adversario no dispone. La manipulación se basa en el ocultamiento y revelación interesada de información. Cuando la información circula libremente, las términos de la ecuación se invierten. Ya no son, algunas personas los que deciden las cosas, sino que hay que contar con el ciudadano común.
De ahí, la importancia de la Ley de Acceso a la Información. Por eso es que como periodistas y ciudadanos debemos utilizar las herramientas que nos da la Ley de forma exhaustiva. Pero una vez que esa información, llega a nuestras manos debemos saber que la misma tampoco nos pertenece, que finalmente el propietario es cada uno de los ecuatorianos.
El informe permaneció más de un mes sin que se hiciera público, pues, en el mientras tanto, el Conartel había emitido una resolución para preparar su defensa jurídica frente a los graves hechos investigados por la Comisión.
Del resumen ejecutivo que se filtró hace algunas semanas, se desprendía una serie de hechos de tal gravedad que era imposible permanecer impasible. Así que decidimos hacer una apuesta arriesgada: hacer un pedido de acceso a la información en la Presidencia de la República para que se nos entregara el informe. Con un gesto tan sencillo, se consiguió el documento. ¿Qué debíamos hacer? ¿Guardarlo? ¿Filtrarlo por “abajo” a periodistas y medios? ¿Coordinar estrategias con algunos ex comisionados como me reclamó enojado, mi amigo (¿o ex amigo?) José López Vigil?
No. La decisión fue hacer el gesto que consideramos correcto: entregar el informe públicamente a todos los medios para que todos los ciudadanos que quieran tenerlo y revisarlo lo puedan hacer, sin ninguna limitación. ¿Por qué? Por un principio: la información pública pertenece a los ciudadanos. No es propiedad de algún funcionario o de unos pocos escogidos.
¿Cuál es la estrategia detrás de la revelación pública del informe?, me preguntaron. Ninguna estrategia, respondí. Y comprendí que tras la pregunta había una idea: se nos acusa que con la revelación, "se le estaba haciendo el juego a los acusados de corrupción que están mencionados en el informe", por lo cual era necesario “concertar una estrategia”.
Obviamente, no soy ningún ingenuo, pero tampoco puedo estar de acuerdo con esa visión de las cosas. No creo que abrir las compuertas de una información tan relevante, tan grave y tan determinante como el informe de la comisión sea poner en peligro nada más, que no sea algún afán de protagonismo o alguna “estrategia” que no sabemos.
Muchas veces, las estrategias o las “tácticas” se basan en el uso de información que el adversario no dispone. La manipulación se basa en el ocultamiento y revelación interesada de información. Cuando la información circula libremente, las términos de la ecuación se invierten. Ya no son, algunas personas los que deciden las cosas, sino que hay que contar con el ciudadano común.
De ahí, la importancia de la Ley de Acceso a la Información. Por eso es que como periodistas y ciudadanos debemos utilizar las herramientas que nos da la Ley de forma exhaustiva. Pero una vez que esa información, llega a nuestras manos debemos saber que la misma tampoco nos pertenece, que finalmente el propietario es cada uno de los ecuatorianos.
martes 30 de junio de 2009
Ningún parecido
Converso con Roberto Pereira, quien trabajó durante 11 años en la Defensoría del Pueblo del Perú. Ahora dirige un estudio jurídico que acoge casos de litigio pro bono que tienen que ver con la libertad de expresión y el acceso a la información.
Él asumió la defensa de radio La Voz de Bagua Grande, ubicada en la localidad del mismo nombre (noroeste del Perú), por pedido del IPYS, Perú. Una resolución ministerial, con fecha del 8 de junio, revocó la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande. No obstante, la emisora gozaba desde el 13 de marzo de 2007 de una autorización de radiodifusión por espacio de 10 años.
La resolución tomada en esa fecha preveía que La Voz de Bagua Grande dispusiese de un período de instalación y prueba de 12 meses. El director de la emisora, Carlos Flores Borja, afirmó haber remitido al ministerio, el 29 de enero, los documentos requeridos para la homologación. Dicho correo especificaba, con una carta del municipio de Utcubamba como prueba, que el sitio de instalación inicial de la radio se tuvo que cambiar por razones de seguridad. El Ministerio retomó precisamente ese motivo alegando una "opinión desfavorable" emitida el 31 de diciembre de 2008, antes de que acabase el período probatorio, para cancelar el permiso de radiodifusión.
¿Cuál es el fondo de este asunto? Reporteros sin Fronteras lo señala con claridad: "Nadie puede quedar engañado con las razones dadas por el Gobierno para acallar La Voz de Bagua Grande. Esta decisión interviene tras recientes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la región Amazonas. Varias voces, tanto por parte de la Policía como del poder político, acusaron a la emisora de haber fomentado el motín. Si esta acusación fuese fundada, entonces, ¿por qué recurrir a argumentos de tipos administrativo y técnico para justificar la cancelación de la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande? Se trata de un acto de censura y de intimidación".
Añade Reporteros sin Fronteras que: "En realidad, La Voz de Bagua Grande ha estado en el punto de mira del Gobierno desde los enfrentamientos que agitaron la región Amazonas al principio del mes de junio. En medio de los disturbios, el 5 de junio de 2009, que causaron unos 30 muertos, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, amenazó públicamente con cerrar La Voz de Bagua Grande y radio Oriente, otra emisora ubicada en Yurimaguas, por su supuesto "apoyo" de la violencia contra las fuerzas del orden".
Roberto Pereira, en cambio, apunta a la discrecionalidad con un fuerte olor a retaliación política con la cual actúan las autoridades de control. Y eso que en el Perú estamos hablando de una legislación relativamente nueva, discutida y probada después de la nefasta era Fujimori.
El poder tiene muchas formas de actuar para presionar a medios y periodistas. Una forma es, justamente, esgrimir "razones técnicas" para acallar un medio. Otro puede ser el firmar un decreto que significa castigar a los medios impresos con el retiro de la publicidad oficial por sus investigaciones periodísticas. Pero nada de eso sucede en nuestro país. ¿No es cierto?
Él asumió la defensa de radio La Voz de Bagua Grande, ubicada en la localidad del mismo nombre (noroeste del Perú), por pedido del IPYS, Perú. Una resolución ministerial, con fecha del 8 de junio, revocó la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande. No obstante, la emisora gozaba desde el 13 de marzo de 2007 de una autorización de radiodifusión por espacio de 10 años.
La resolución tomada en esa fecha preveía que La Voz de Bagua Grande dispusiese de un período de instalación y prueba de 12 meses. El director de la emisora, Carlos Flores Borja, afirmó haber remitido al ministerio, el 29 de enero, los documentos requeridos para la homologación. Dicho correo especificaba, con una carta del municipio de Utcubamba como prueba, que el sitio de instalación inicial de la radio se tuvo que cambiar por razones de seguridad. El Ministerio retomó precisamente ese motivo alegando una "opinión desfavorable" emitida el 31 de diciembre de 2008, antes de que acabase el período probatorio, para cancelar el permiso de radiodifusión.
¿Cuál es el fondo de este asunto? Reporteros sin Fronteras lo señala con claridad: "Nadie puede quedar engañado con las razones dadas por el Gobierno para acallar La Voz de Bagua Grande. Esta decisión interviene tras recientes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la región Amazonas. Varias voces, tanto por parte de la Policía como del poder político, acusaron a la emisora de haber fomentado el motín. Si esta acusación fuese fundada, entonces, ¿por qué recurrir a argumentos de tipos administrativo y técnico para justificar la cancelación de la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande? Se trata de un acto de censura y de intimidación".
Añade Reporteros sin Fronteras que: "En realidad, La Voz de Bagua Grande ha estado en el punto de mira del Gobierno desde los enfrentamientos que agitaron la región Amazonas al principio del mes de junio. En medio de los disturbios, el 5 de junio de 2009, que causaron unos 30 muertos, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, amenazó públicamente con cerrar La Voz de Bagua Grande y radio Oriente, otra emisora ubicada en Yurimaguas, por su supuesto "apoyo" de la violencia contra las fuerzas del orden".
Roberto Pereira, en cambio, apunta a la discrecionalidad con un fuerte olor a retaliación política con la cual actúan las autoridades de control. Y eso que en el Perú estamos hablando de una legislación relativamente nueva, discutida y probada después de la nefasta era Fujimori.
El poder tiene muchas formas de actuar para presionar a medios y periodistas. Una forma es, justamente, esgrimir "razones técnicas" para acallar un medio. Otro puede ser el firmar un decreto que significa castigar a los medios impresos con el retiro de la publicidad oficial por sus investigaciones periodísticas. Pero nada de eso sucede en nuestro país. ¿No es cierto?
Los medios del Estado
¿Cuál es la diferencia entre un medio en poder del Estado y un medio de servicio público? Pese a lo que algunos nos quieren hacer creer, no es la propiedad. Es decir, un medio por estar en manos del Estado no es, necesariamente, "de todos".
¿Entonces? Se trata de la función que cumple. Si se exige que un medio privado cumpla un rol social, para un medio que se pretende público esa es su razón de ser. La función que cumple un medio tiene mucho que ver con la forma en que se gestiona un medio estatal, como con la programación que ofrece a la audiencia.
En la gestión de un medio público, por lo tanto, debe haber criterios muy bien definidos de eficiencia y "buen gobierno". Porque, además, recordémoslo, hay dineros del Estado. Es decir, existe la obligación de rendir cuentas al milímetro.
Si se atiende a los reportajes aparecidos en diario El Universo sobre el conglomerado de 15 medios de comunicación que maneja el Estado actualmente, debemos concordar que estamos muy lejos del ideal. Estamos simplemente ante un fenómeno de acumulación de medios en manos del Estado, manejados, al parecer sin transparencia o sin criterios precisos de calidad de gestión, de rendición de cuentas o que ofrezcan resultados de algún tipo. Y no me refiero a lo financiero, sino a la devolución a la sociedad de modelos de comunicación democráticos, incluyentes, transparentes, diversos... Todo aquello que se les pide a lo medios privados, por lo menos.
Como esto no se trata de simpatías o antipatías políticas o personales, veamos qué parámetros debe cumplir un medio en manos del Estado para que pueda pedir el apellido de "público". Se trata de unos parámetros desarrollados por algunos académicos y teóricos mexicanos. Veamos:
1. Independencia de gestión. Para su funcionamiento en atención al interés público, la independencia de gestión constituye un principio esencial.
2. Independencia editorial. Los medios públicos requieren libertad editorial para cumplir con la obligación de informar a la sociedad con criterios éticos, profesionales y de calidad.
3. Universalidad. Los medios públicos deben ser un servicio público para toda la sociedad, por lo que su acceso debe abarcar todo el territorio nacional.
4. Corresponsabilidad. Desarrollar una gestión transparente y abierta al control y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la aplicación de sus recursos.
5. Claridad jurídica. Los objetivos, los deberes y las directrices que guían el funcionamiento de los medios públicos deben estar claramente definidos y garantizados por la ley.
6. Pluralidad cultural. Los medios públicos deben contribuir de manera decidida a la afirmación y al reconocimiento de todas las culturas que conforman la nación.
7. Fomento a la cultura política democrática.
8. Compromiso con la educación.
9. Compromiso con la ciencia y las artes.
¿Cumplen alguno de estos criterios los 15 medios en manos del Estado? Dejo en sus manos la respuesta.
viernes 12 de junio de 2009
Carta de José Alonso
Apuesto, rotunda y definitivamente, por la libertad de prensa. Asumo, como periodista, que cometemos muchos errores y que actuamos de forma errónea de manera constante. Admito personalmente que incurrí en numerosas fallas mientras ejercía como periodista. Como sé que las compañeras y compañeros periodistas en Ecuador saben que yerran reiteradamente.
Muchos de nuestros errores tienen justificación. La información tiene que fluir con rapidez porque la noticia es fugaz y lo que tarda en comunicarse no es noticia sino historia. Y lo que se hace con premura, suele tener defectos.
Los periodistas somos personas y tenemos impulsos, y eso provoca que nos precipitemos y fallemos. Los profesionales de la información tenemos, cada uno, distinto color de ojos y vemos la realidad desde nuestra perspectiva, que es individual y subjetiva, porque no somos máquinas, ni somos infalibles, porque la objetividad no existe y porque, afortunadamente, no todos tenemos la misma visión de las cosas.
Pero también es cierto que muchos de nuestros fallos no tienen justificación. Que, impulsados por nuestros sentimientos —porque somos humanos, aunque a veces no lo parezca—, tratamos los datos y la información con poco respeto. Que llegamos a manipular algunas noticias acosados por la crisis perpetua del periodismo y por algunos empresarios y directivos poco escrupulosos; y que a veces —pocas— somos corrompidos y engañados por políticos y fuentes indignas.
Es evidente que los periodistas y los medios informativos tenemos que plantearnos cuanto antes un proceso de autocrítica porque se lo debemos a la ciudadanía y por nuestro propio interés y supervivencia.
Y también quiero decir que soy consciente de que el presidente Rafael Correa persigue lo mejor para Ecuador. Creo que lo buscó siempre, desde el primer día, y que mantiene esa posición, a pesar de errores y equivocaciones propios del ser humano.
Con estas —amplias— consideraciones previas y con las reservas necesarias porque la distancia me impide manejar todos los datos y matices, quiero expresar, con carácter general, mi respaldo a las mujeres y hombres del periodismo en Ecuador, así como a los empresarios del sector que actúan de buena fe, aunque se puedan equivocar.
Sin corporativismo, deseo señalar mi respeto a Sebastián Corral, Jorge Ortiz, Milton Pérez, Freddy Paredes y a tantos compañeros y compañeras, la mayoría desconocidos para la ciudadanía, que hacen posible cada día TeleAmazonas. Lo mismo debo decir en relación a los profesionales en Ecuavisa, Hoy, El Universo, Vistazo, El Comercio, Vanguardia, Expreso, Telégrafo y los centenares de publicaciones, radios y televisiones ecuatorianos.
Los medios y los periodistas no están por encima de la ley, pero creo que el poder Ejecutivo —el Gobierno— no debe intervenir en el monitoreo ni fiscalización del contenido editorial de los medios informativos, salvo para fijar las contraprestaciones que, por utilizar el espacio público, deben ofrecer a la sociedad en forma de espacios formativos, culturales e infantiles, entre otros. Es más, defiendo que, en democracia, los periodistas son un agente de control/veeduría fundamental sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que así debe seguir siendo.
Los periodistas pueden y deben ser vigilados y, si fuera preciso, sancionados, pero lo debe hacer un poder judicial independiente y con las garantías debidas. Las leyes que existen son, a mi juicio, suficientes para proteger a la sociedad frente a posibles abusos. Que se apliquen las leyes y que lo haga el poder judicial.
Es suficiente.
Madrid, 10 de junio de 2009
José Alonso Seco
periodista
Muchos de nuestros errores tienen justificación. La información tiene que fluir con rapidez porque la noticia es fugaz y lo que tarda en comunicarse no es noticia sino historia. Y lo que se hace con premura, suele tener defectos.
Los periodistas somos personas y tenemos impulsos, y eso provoca que nos precipitemos y fallemos. Los profesionales de la información tenemos, cada uno, distinto color de ojos y vemos la realidad desde nuestra perspectiva, que es individual y subjetiva, porque no somos máquinas, ni somos infalibles, porque la objetividad no existe y porque, afortunadamente, no todos tenemos la misma visión de las cosas.
Pero también es cierto que muchos de nuestros fallos no tienen justificación. Que, impulsados por nuestros sentimientos —porque somos humanos, aunque a veces no lo parezca—, tratamos los datos y la información con poco respeto. Que llegamos a manipular algunas noticias acosados por la crisis perpetua del periodismo y por algunos empresarios y directivos poco escrupulosos; y que a veces —pocas— somos corrompidos y engañados por políticos y fuentes indignas.
Es evidente que los periodistas y los medios informativos tenemos que plantearnos cuanto antes un proceso de autocrítica porque se lo debemos a la ciudadanía y por nuestro propio interés y supervivencia.
Y también quiero decir que soy consciente de que el presidente Rafael Correa persigue lo mejor para Ecuador. Creo que lo buscó siempre, desde el primer día, y que mantiene esa posición, a pesar de errores y equivocaciones propios del ser humano.
Con estas —amplias— consideraciones previas y con las reservas necesarias porque la distancia me impide manejar todos los datos y matices, quiero expresar, con carácter general, mi respaldo a las mujeres y hombres del periodismo en Ecuador, así como a los empresarios del sector que actúan de buena fe, aunque se puedan equivocar.
Sin corporativismo, deseo señalar mi respeto a Sebastián Corral, Jorge Ortiz, Milton Pérez, Freddy Paredes y a tantos compañeros y compañeras, la mayoría desconocidos para la ciudadanía, que hacen posible cada día TeleAmazonas. Lo mismo debo decir en relación a los profesionales en Ecuavisa, Hoy, El Universo, Vistazo, El Comercio, Vanguardia, Expreso, Telégrafo y los centenares de publicaciones, radios y televisiones ecuatorianos.
Los medios y los periodistas no están por encima de la ley, pero creo que el poder Ejecutivo —el Gobierno— no debe intervenir en el monitoreo ni fiscalización del contenido editorial de los medios informativos, salvo para fijar las contraprestaciones que, por utilizar el espacio público, deben ofrecer a la sociedad en forma de espacios formativos, culturales e infantiles, entre otros. Es más, defiendo que, en democracia, los periodistas son un agente de control/veeduría fundamental sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que así debe seguir siendo.
Los periodistas pueden y deben ser vigilados y, si fuera preciso, sancionados, pero lo debe hacer un poder judicial independiente y con las garantías debidas. Las leyes que existen son, a mi juicio, suficientes para proteger a la sociedad frente a posibles abusos. Que se apliquen las leyes y que lo haga el poder judicial.
Es suficiente.
Madrid, 10 de junio de 2009
José Alonso Seco
periodista
jueves 4 de junio de 2009
ECUADOR: President threatens to take action against critical media
New York, June 4, 2009—The opening of two government investigations into private television network Teleamazonas and threats of legal action by Ecuadoran President Rafael Correa against critical media outlets are an attempt by the government to stifle dissent, the Committee to Protect Journalists said today.
During his weekly radio address on Saturday, President Correa said that he would resort to legal action to “finish now with the corrupt press.” Following the president’s threat, the National Council of Telecommunications (CONARTEL)—Ecuador’s broadcasting regulator—upheld a sanction against Teleamazonas, which has two other pending investigations that could lead to the broadcaster’s shutdown, César Ricaurte, executive director of the local press freedom group Fundamedios, told CPJ.
CONARTEL fined Teleamazonas US$20 after it aired a bullfight on February 17, the Ecuadoran press reported. A 2008 CONARTEL resolution forbids broadcasts of bullfights between 6 a.m. and 9 p.m. On Saturday, Correa said Telemazonas had violated Article 58 of Ecuador’s Law on Broadcasting with last week’s broadcast of a story on the ecological damage caused by oil exploration in the southern Puná Island by the Venezuelan state oil company PDVSA. The president also called for an investigation into the national daily El Universo for publishing a similar report, according to local news reports.
“By threatening to take direct action against media outlets that criticize President Correa’s policies, the Ecuadoran government is trying to repress opposing ideas and opinions,” said CPJ Americas Senior Program Coordinator Carlos Lauría. “We call on Correa to abstain from threatening critical media outlets.”
In May, CONARTEL opened a second investigation into the network for allegedly violating Article 58, which prohibits airing “news based on unfounded allegations that could produce social unrest,” in a story about ballot counting. If the network is sanctioned it could face a 90-day suspension for its second violation.
Correa has had a contentious relationship with Ecuador’s critical media since taking office in 2006. During his Saturday radio address, he said: “We are not willing to be the victims of a corrupt press,” which he also referred to as “conspirators” and “destabilizing.” Correa added that “the party is over, we are going to apply the law.” He threatened to take direct action against Teleamazonas and El Universo. Teleamazonas has been a harsh critic of Correa’s administration.
On May 28, unidentified individuals tossed two homemade bombs and antigovernment pamphlets at Teleamzonas’ offices in Quito, the Ecuadoran press reported. No one was injured during the attack, which caused minor damage to the building’s main entrance. Police say they are investigating the attack.
CPJ is a New York-based, independent, nonprofit organization that works to safeguard press freedom around the world.
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ECUADOR: Presidente amenaza con tomar acción directa contra medios críticos
Nueva York, 4 de junio de 2009—La apertura de dos procesos administrativos contra la cadena televisiva privada Teleamazonas y amenazas de acción legal por parte del Presidente ecuatoriano Rafael Correa contra medios críticos son un intento del gobierno de reprimir el disenso, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señaló hoy.
El sábado, durante su programa semanal de radio, el Presidente Correa afirmó que acudirá a instancias legales administrativas para “acabar ahora con la prensa corrupta”. Tras la amenaza del presidente, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión —el organismo encargado de regular el espacio radioeléctrico— confirmó una sanción contra Teleamazonas, que tiene otros dos procesos pendientes que pueden culminar con el cierre de la cadena televisiva, indicó al CPJ César Ricaurte, director ejecutivo del grupo de libertad de prensa Fundamedios.
CONARTEL impuso una multa de 20 dólares a Teleamazonas luego de emitir una corrida de toros el 17 de febrero, según informó la prensa ecuatoriana. Una resolución adoptada por CONARTEL en 2008 prohíbe la emisión de corridas de toros entre las 6 a.m. y las 9 p.m. El sábado, Correa afirmó que Telemazonas había violado el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión con el programa emitido la semana pasada sobre el daño ecológico ocasionado por la exploración petrolera de la compañía estatal de venezolana PDVSA en la isla sureña de Puná. El presidente también instó a que se investigara al diario nacional El Universo por publicar un informe similar, según informes de prensa.
“Al efectuar amenazas de acción directa contra los medios que critican las políticas del Presidente Correa, el gobierno está intentando reprimir ideas y opiniones enfrentadas”, afirmó al Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Exhortamos a Correa a abstenerse de amenazar a medios críticos”.
During his weekly radio address on Saturday, President Correa said that he would resort to legal action to “finish now with the corrupt press.” Following the president’s threat, the National Council of Telecommunications (CONARTEL)—Ecuador’s broadcasting regulator—upheld a sanction against Teleamazonas, which has two other pending investigations that could lead to the broadcaster’s shutdown, César Ricaurte, executive director of the local press freedom group Fundamedios, told CPJ.
CONARTEL fined Teleamazonas US$20 after it aired a bullfight on February 17, the Ecuadoran press reported. A 2008 CONARTEL resolution forbids broadcasts of bullfights between 6 a.m. and 9 p.m. On Saturday, Correa said Telemazonas had violated Article 58 of Ecuador’s Law on Broadcasting with last week’s broadcast of a story on the ecological damage caused by oil exploration in the southern Puná Island by the Venezuelan state oil company PDVSA. The president also called for an investigation into the national daily El Universo for publishing a similar report, according to local news reports.
“By threatening to take direct action against media outlets that criticize President Correa’s policies, the Ecuadoran government is trying to repress opposing ideas and opinions,” said CPJ Americas Senior Program Coordinator Carlos Lauría. “We call on Correa to abstain from threatening critical media outlets.”
In May, CONARTEL opened a second investigation into the network for allegedly violating Article 58, which prohibits airing “news based on unfounded allegations that could produce social unrest,” in a story about ballot counting. If the network is sanctioned it could face a 90-day suspension for its second violation.
Correa has had a contentious relationship with Ecuador’s critical media since taking office in 2006. During his Saturday radio address, he said: “We are not willing to be the victims of a corrupt press,” which he also referred to as “conspirators” and “destabilizing.” Correa added that “the party is over, we are going to apply the law.” He threatened to take direct action against Teleamazonas and El Universo. Teleamazonas has been a harsh critic of Correa’s administration.
On May 28, unidentified individuals tossed two homemade bombs and antigovernment pamphlets at Teleamzonas’ offices in Quito, the Ecuadoran press reported. No one was injured during the attack, which caused minor damage to the building’s main entrance. Police say they are investigating the attack.
CPJ is a New York-based, independent, nonprofit organization that works to safeguard press freedom around the world.
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ECUADOR: Presidente amenaza con tomar acción directa contra medios críticos
Nueva York, 4 de junio de 2009—La apertura de dos procesos administrativos contra la cadena televisiva privada Teleamazonas y amenazas de acción legal por parte del Presidente ecuatoriano Rafael Correa contra medios críticos son un intento del gobierno de reprimir el disenso, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señaló hoy.
El sábado, durante su programa semanal de radio, el Presidente Correa afirmó que acudirá a instancias legales administrativas para “acabar ahora con la prensa corrupta”. Tras la amenaza del presidente, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión —el organismo encargado de regular el espacio radioeléctrico— confirmó una sanción contra Teleamazonas, que tiene otros dos procesos pendientes que pueden culminar con el cierre de la cadena televisiva, indicó al CPJ César Ricaurte, director ejecutivo del grupo de libertad de prensa Fundamedios.
CONARTEL impuso una multa de 20 dólares a Teleamazonas luego de emitir una corrida de toros el 17 de febrero, según informó la prensa ecuatoriana. Una resolución adoptada por CONARTEL en 2008 prohíbe la emisión de corridas de toros entre las 6 a.m. y las 9 p.m. El sábado, Correa afirmó que Telemazonas había violado el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión con el programa emitido la semana pasada sobre el daño ecológico ocasionado por la exploración petrolera de la compañía estatal de venezolana PDVSA en la isla sureña de Puná. El presidente también instó a que se investigara al diario nacional El Universo por publicar un informe similar, según informes de prensa.
“Al efectuar amenazas de acción directa contra los medios que critican las políticas del Presidente Correa, el gobierno está intentando reprimir ideas y opiniones enfrentadas”, afirmó al Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Exhortamos a Correa a abstenerse de amenazar a medios críticos”.
Frecuencias
La concesión de frecuencias de radio y TV revela de cuerpo entero la forma corrupta y amañada con que se ha manejado la cosa pública en el país. Una danza que incluyó la repartición de favores políticos y administrativos entre personajes de sucesivos gobiernos desde mediados de los años noventa hasta antes de ayer. Actos supuestamente “legalizados” a través de resoluciones ad hoc por parte de los mismos organismos de control.
Según el resumen ejecutivo del informe de la Comisión constitucional que auditó la concesión de frecuencias de radio y TV en el país revelado por Diario HOY, la situación es sumamente compleja pues se concluye que: "Todas las decisiones o resoluciones del Conartel adoptadas con una ilegal conformación de dicho órgano, puesto que participaron personas que la Constitución prohibía, son nulas de pleno derecho por haber sido aprobadas por un órgano constituido ilegalmente".
En buen romance: ninguna concesión otorgada en los últimos 10 años sería legal ni válida.
Estamos ante un momento crucial. Por un lado, el Estado podría decir se revierten todas las frecuencias. Pero eso aparte de vaciar el dial, es injusto. Finalmente, en esta trama hay responsabilidades por igual de quienes representaron al Estado en diversos momentos, como de algunos políticos o empresarios privados. De hecho, si se establecen responsabilidades, los funcionarios públicos implicados debieran ser los primeros en ser juzgados.
Un segundo camino, el ideal, es que el informe de paso a una restructuración de los organismos de control. Que Conartel e incluso la Suptel desaparezcan para dar paso a una institución conformada por ciudadanos independientes, de diversos sectores, sin intereses, pero con amplio conocimiento del sector. Que este organismo proceda a revisar las frecuencias con severidad, pero siguiendo el debido proceso, con base en el informe de la Comisión.
Finalmente, hay una tercera posibilidad... El peor escenario sería que el Gobierno haga una utilización política del informe, lo revele solo parcialmente, se proteja a los altos funcionarios del Régimen que tienen intereses, de forma directa o indirecta ,en el sector, y en cambio se actúe selectivamente en contra de medios críticos u opositores.
Si esto pasa, sería una oportunidad perdida para el país.
Debemos ser claro en un punto: no se puede invocar la libertad de prensa para encubrir la corrupción. Eso sería caer en una trampa. Pero, tampoco, se puede invocar el combate contra la corrupción para vulnerar la libertad de prensa. ¿Dónde está la diferencia? En que se actúe con rapidez, transparencia, equilibrio y sin discrecionalidad.
Como decía antes: estamos ante un punto crucial.
Según el resumen ejecutivo del informe de la Comisión constitucional que auditó la concesión de frecuencias de radio y TV en el país revelado por Diario HOY, la situación es sumamente compleja pues se concluye que: "Todas las decisiones o resoluciones del Conartel adoptadas con una ilegal conformación de dicho órgano, puesto que participaron personas que la Constitución prohibía, son nulas de pleno derecho por haber sido aprobadas por un órgano constituido ilegalmente".
En buen romance: ninguna concesión otorgada en los últimos 10 años sería legal ni válida.
Estamos ante un momento crucial. Por un lado, el Estado podría decir se revierten todas las frecuencias. Pero eso aparte de vaciar el dial, es injusto. Finalmente, en esta trama hay responsabilidades por igual de quienes representaron al Estado en diversos momentos, como de algunos políticos o empresarios privados. De hecho, si se establecen responsabilidades, los funcionarios públicos implicados debieran ser los primeros en ser juzgados.
Un segundo camino, el ideal, es que el informe de paso a una restructuración de los organismos de control. Que Conartel e incluso la Suptel desaparezcan para dar paso a una institución conformada por ciudadanos independientes, de diversos sectores, sin intereses, pero con amplio conocimiento del sector. Que este organismo proceda a revisar las frecuencias con severidad, pero siguiendo el debido proceso, con base en el informe de la Comisión.
Finalmente, hay una tercera posibilidad... El peor escenario sería que el Gobierno haga una utilización política del informe, lo revele solo parcialmente, se proteja a los altos funcionarios del Régimen que tienen intereses, de forma directa o indirecta ,en el sector, y en cambio se actúe selectivamente en contra de medios críticos u opositores.
Si esto pasa, sería una oportunidad perdida para el país.
Debemos ser claro en un punto: no se puede invocar la libertad de prensa para encubrir la corrupción. Eso sería caer en una trampa. Pero, tampoco, se puede invocar el combate contra la corrupción para vulnerar la libertad de prensa. ¿Dónde está la diferencia? En que se actúe con rapidez, transparencia, equilibrio y sin discrecionalidad.
Como decía antes: estamos ante un punto crucial.
A los cinco años, hay que despertarla
La semana pasada se cumplió cinco años de la vigencia de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOTAIP. El cumpleaños es agridulce. Se celebra al existencia de la niña. Pero preocupa que en el tiempo transcurrido ha perdido mucho de su entusiasmo, alegría y empuje inicial.
¿Qué ha sucedido? En una reunión que se celebró en el mes de abril en Lima promovida por el Centro Carter entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instancias estatales se hizo un análisis detallado del estado de la situación y de lo que se debiera hacer en adelante.
Lo que sucede en el caso ecuatoriano tienen sus particularidades, pero se enmarca en tendencias generales. Por eso, el documento final de la reunión promovida por el Centro Carter y suscrito por entidades de todo el continente, parace describir la situación casi a la medida: “Los mayores retos para ejercer el derecho de acceso a la información son la falta de ejecución y cumplimiento, los retrocesos en los sistemas mas desarrollando y la ausencia generalizada del uso de las leyes y mecanismos vigentes.”
Es decir, la Ley existe. Eso es un inicio, pero ya en el momento de la aplicación encontramos montón de obstáculos en el camino: desde malos sistemas de archivo, ineficacia y hasta desidia de los funcionarios públicos, falta de conocimiento de los derechos que tenemos como ciudadanos para exigir tal o cual información, subsistencia de una cultura del secreto.
Y en eso el documento de Lima que complementa la llamada “Declaración de >Atlanta es muy claro: “La práctica del secretismo entre toda una gama de actores no estatales y multinacionales, sobre todo entre entidades con una importancia sistémica, como las industrias extractivas, de telecomunicaciones, farmacéuticas y agroquímicas, al igual que en los sectores bancarios y financieros, puede perjudicar los derechos humanos fundamentales y tener impactos negativos en los medios de vida sostenibles.”
En definitiva a cinco años, hay mucho que hacer para que la Ley de Acceso a la Información se convierta en un mecanismo válido de ejercicio de derechos de los ciudadanos. Y es indudable que se ha avanzado mucho en la transparencia pasiva. Es decir, en el hecho de que existen páginas web gubernamentales, que hay un sistema de compras públicas en línea, sin embargo, -y conozco muchos casos de primera mano- de que cuando los medios o los periodistas solicitan información específica, sistemáticamente esas peticiones no son atendidas o son rechazadas.
Estamos en un punto muy oportuno. A los cinco años es necesario despetar a la niña dormida y relanzar el debate social alrededor del acceso a la información, a través de foros y discusiones públicas, pues se hace necesario compatibilizar la Ley con la nueva Constitución, en cuanto a procedimientos y garantías.
Es necesario, también, que la Defensoría del Pueblo, presente un informe sobre lo que ha hecho para promover el uso de la Ley.
¿Qué ha sucedido? En una reunión que se celebró en el mes de abril en Lima promovida por el Centro Carter entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instancias estatales se hizo un análisis detallado del estado de la situación y de lo que se debiera hacer en adelante.
Lo que sucede en el caso ecuatoriano tienen sus particularidades, pero se enmarca en tendencias generales. Por eso, el documento final de la reunión promovida por el Centro Carter y suscrito por entidades de todo el continente, parace describir la situación casi a la medida: “Los mayores retos para ejercer el derecho de acceso a la información son la falta de ejecución y cumplimiento, los retrocesos en los sistemas mas desarrollando y la ausencia generalizada del uso de las leyes y mecanismos vigentes.”
Es decir, la Ley existe. Eso es un inicio, pero ya en el momento de la aplicación encontramos montón de obstáculos en el camino: desde malos sistemas de archivo, ineficacia y hasta desidia de los funcionarios públicos, falta de conocimiento de los derechos que tenemos como ciudadanos para exigir tal o cual información, subsistencia de una cultura del secreto.
Y en eso el documento de Lima que complementa la llamada “Declaración de >Atlanta es muy claro: “La práctica del secretismo entre toda una gama de actores no estatales y multinacionales, sobre todo entre entidades con una importancia sistémica, como las industrias extractivas, de telecomunicaciones, farmacéuticas y agroquímicas, al igual que en los sectores bancarios y financieros, puede perjudicar los derechos humanos fundamentales y tener impactos negativos en los medios de vida sostenibles.”
En definitiva a cinco años, hay mucho que hacer para que la Ley de Acceso a la Información se convierta en un mecanismo válido de ejercicio de derechos de los ciudadanos. Y es indudable que se ha avanzado mucho en la transparencia pasiva. Es decir, en el hecho de que existen páginas web gubernamentales, que hay un sistema de compras públicas en línea, sin embargo, -y conozco muchos casos de primera mano- de que cuando los medios o los periodistas solicitan información específica, sistemáticamente esas peticiones no son atendidas o son rechazadas.
Estamos en un punto muy oportuno. A los cinco años es necesario despetar a la niña dormida y relanzar el debate social alrededor del acceso a la información, a través de foros y discusiones públicas, pues se hace necesario compatibilizar la Ley con la nueva Constitución, en cuanto a procedimientos y garantías.
Es necesario, también, que la Defensoría del Pueblo, presente un informe sobre lo que ha hecho para promover el uso de la Ley.
viernes 24 de abril de 2009
Un millón de dólares por la virginidad
¿Qué darían por tener su minuto de gloria? Le preguntaron unos periodistas a Yolanda Serrano, directora de casting de Notro TV en Italia sobre los 250.000 jóvenes que se presentaron a un casting para un reality show.
La respuesta es fascinante: “Es que no quieren un minuto de gloria, los adolescentes quieren ser famosos y ganar dinero, que es lo más importante para ellos. No se presentan para sólo para tener un minuto sino para estar, buscan la fama que cambie su vida. Advierten que cualquiera puede salir en televisión y creen que se les va a querer más por ser famosos.”
Y está Jade Goody, al estrella de los reality británicos enferma de cáncer terminal que ha vendido los derechos de transmisión de su muerte a un canal y a una revista.
En todas partes dónde haya televisión farandulera y/o de “realidad” pululan estos chicos salidos de la nada que quieren asaltar la fama como todo ideal. Estamos asistiendo ante nuestras narices de un cambio cultural profundo. En los sesenta, setentas e incluso en los frívolos ochentas, los chicos querían cambiar el mundo. O con la revolución. O con el rock. O con la libertad. Como sea.
Hoy esa opción no existe. El mundo está y punto. ¿Qué se debe hacer frente a él? Consumirlo, disfrutarlo y pasarlo bien. No hay crítica nostálgica en estas líneas. Porque, finalmente, ese es el mundo que hemos construido.
Pero hay una trampa en todo esto. La fama no trae dinero automáticamente. Ya John Lennon con su típica ironía decía que le hubiera gustado ser un millón de veces menos famoso y una millón de veces más rico.
Por eso no es extraño que Raffaella Fico, una de las jóvenes protagonistas (20 años) de Gran Hermano en su versión italiana, haya decidido subastar su virginidad por un millón de euros, mientras aclaraba: "Quiero ver si alguien desembolsa esta suma para tenerme". Esta especie de prostitución de lujo no es tan rara. Todo lo contrario, en el caso de la bellísima Fico, además, bien puede convertirse en el próximo cuento diario que cuenten los medios del mundo entero una vez muera Jade Goody.
Pero no debemos ir muy lejos, si se hace una búsqueda con la palabra “modelos” (y añade Quito, obtendrá una serie de sitios dónde chicas promocionan su compañía y servicios sexuales y ponen en su curriculum haber participado en campañas promocionales, haber aparecido eventualmente en algún programa de TV, etc.
Son quienes han tenido un momento de fama (los “15 minutos”), pero no alcanzó para hacer la carrera que les de dinero. La misma Raffaella Fico, lo que está diciendo con su anuncio es: “ya me exhibieron, ya me disfrutaron en la pantalla, ahora necesito que alguien pague por eso”.
Hay quien se puede escandalizar y quien se asuste con este mundo. Pero no se trata de condenarlo ni de asustarse con él, sino saber que existe, que está ahí. E incluso, para quienes aún creemos en eso, tratar de cambiarlo para hacerlo más humano.
La respuesta es fascinante: “Es que no quieren un minuto de gloria, los adolescentes quieren ser famosos y ganar dinero, que es lo más importante para ellos. No se presentan para sólo para tener un minuto sino para estar, buscan la fama que cambie su vida. Advierten que cualquiera puede salir en televisión y creen que se les va a querer más por ser famosos.”
Y está Jade Goody, al estrella de los reality británicos enferma de cáncer terminal que ha vendido los derechos de transmisión de su muerte a un canal y a una revista.
En todas partes dónde haya televisión farandulera y/o de “realidad” pululan estos chicos salidos de la nada que quieren asaltar la fama como todo ideal. Estamos asistiendo ante nuestras narices de un cambio cultural profundo. En los sesenta, setentas e incluso en los frívolos ochentas, los chicos querían cambiar el mundo. O con la revolución. O con el rock. O con la libertad. Como sea.
Hoy esa opción no existe. El mundo está y punto. ¿Qué se debe hacer frente a él? Consumirlo, disfrutarlo y pasarlo bien. No hay crítica nostálgica en estas líneas. Porque, finalmente, ese es el mundo que hemos construido.
Pero hay una trampa en todo esto. La fama no trae dinero automáticamente. Ya John Lennon con su típica ironía decía que le hubiera gustado ser un millón de veces menos famoso y una millón de veces más rico.
Por eso no es extraño que Raffaella Fico, una de las jóvenes protagonistas (20 años) de Gran Hermano en su versión italiana, haya decidido subastar su virginidad por un millón de euros, mientras aclaraba: "Quiero ver si alguien desembolsa esta suma para tenerme". Esta especie de prostitución de lujo no es tan rara. Todo lo contrario, en el caso de la bellísima Fico, además, bien puede convertirse en el próximo cuento diario que cuenten los medios del mundo entero una vez muera Jade Goody.
Pero no debemos ir muy lejos, si se hace una búsqueda con la palabra “modelos” (y añade Quito, obtendrá una serie de sitios dónde chicas promocionan su compañía y servicios sexuales y ponen en su curriculum haber participado en campañas promocionales, haber aparecido eventualmente en algún programa de TV, etc.
Son quienes han tenido un momento de fama (los “15 minutos”), pero no alcanzó para hacer la carrera que les de dinero. La misma Raffaella Fico, lo que está diciendo con su anuncio es: “ya me exhibieron, ya me disfrutaron en la pantalla, ahora necesito que alguien pague por eso”.
Hay quien se puede escandalizar y quien se asuste con este mundo. Pero no se trata de condenarlo ni de asustarse con él, sino saber que existe, que está ahí. E incluso, para quienes aún creemos en eso, tratar de cambiarlo para hacerlo más humano.
Basura
Escena Uno: Los niños van el fin de semana a sembrar árboles en un barrio marginal de las laderas del Pichincha. Van con gorras, palas y plantas listas para ser sembradas. Al mediodía se reparten refrigerios, sánduches y refrescos. Los más pequeños recogen su basura y se la llevan (por suerte, los más pequeños son lo más conscientes). Las adolescentes de un prestigioso colegio de la capital arrojan entre los arbolitos recién sembrados, botellas y fundas plásticas.
Escena dos: Día de la Tierra, los sets de televisión se llena de proclamas bonitas, declaraciones de principios. “Salvemos el planeta” por aquí y por allá. En la víspera un candidato lleva un pumamaqui para regalar a su entrevistador… Todos en una fiebre verde. Pero suele ocurrir que la proclama muchas veces reemplaza a la acción real.
Escena final. El panorama es dantesco, pero parece que a nadie le importa que no es hemos enseñado a vivir entre basura. Lo cierto es que las carreteras del Ecuador, la cercanía de cualquier presencia humana en este país está precedida por la presencia de montones de fundas, tarrinas, botellas plásticas, papel, latas de todo tipo, pedazos de vidrio, botellas de cerveza, otras de alcohol, aceite quemado, llantas, tapas de refrescos. Haga el ejercicio, uno puede medir, si tiene cerca algún poblado, ciudad o conglomerado humano midiendo la cantidad de basura que se va acumulando al borde de la carretera.
Es patético: el registro de que el ser humano puebla este rincón del planeta llamado Ecuador, es la basura. Es nuestra mayor obra. Y parece importarnos nada… Porque la basura siempre es problema de otro. Del Alcalde que no hace bien su trabajo. Del Gobierno que debe solucionar la “disposición de los desechos sólidos” como dice el lenguaje técnico que todo lo encubre. Lo cierto es que hemos convertido ya no solo a las mayores ciudades de este país en un chiquero.
¿Qué se está haciendo? Nada. Ni siquiera nos damos cuenta del problema. Pienso en esto, luego de que arrojan de un autobús interprovincial una tarrina aún con restos de comida y casi golpea de pleno el parabrisas del auto dónde voy.
¿No es hora de plantearse en serio este problema? Yo diría que es uno de los problemas más grandes que tenemos y ante el cual cerramos los ojos o no queremos verlo. Por eso, es hora de unir esfuerzos y tratar de limpiar este país, ya no figuradamente sino literalmente. Este es el tipo de cuestiones que bien pueden movilizar esfuerzos conjuntos. Ministerios del sector público, municipios, escuelas y colegios, fuerzas de seguridad, empresa privada (especialmente los fabricantes de las botellitas de plástico y las cervecerías), medios de comunicación, transporte público, etc.
Toda la sociedad tiene algo que hacer con la basura. Aunque sea guardársela en los bolsillos… Creo que así como el trato a los animales define nuestro grado de humanidad, el manejo de la basura define el grado de respeto que nos tenemos unos con otros y con el pedazo de planeta, las patrias grandes y chicas, que nos toca habitar.
Escena dos: Día de la Tierra, los sets de televisión se llena de proclamas bonitas, declaraciones de principios. “Salvemos el planeta” por aquí y por allá. En la víspera un candidato lleva un pumamaqui para regalar a su entrevistador… Todos en una fiebre verde. Pero suele ocurrir que la proclama muchas veces reemplaza a la acción real.
Escena final. El panorama es dantesco, pero parece que a nadie le importa que no es hemos enseñado a vivir entre basura. Lo cierto es que las carreteras del Ecuador, la cercanía de cualquier presencia humana en este país está precedida por la presencia de montones de fundas, tarrinas, botellas plásticas, papel, latas de todo tipo, pedazos de vidrio, botellas de cerveza, otras de alcohol, aceite quemado, llantas, tapas de refrescos. Haga el ejercicio, uno puede medir, si tiene cerca algún poblado, ciudad o conglomerado humano midiendo la cantidad de basura que se va acumulando al borde de la carretera.
Es patético: el registro de que el ser humano puebla este rincón del planeta llamado Ecuador, es la basura. Es nuestra mayor obra. Y parece importarnos nada… Porque la basura siempre es problema de otro. Del Alcalde que no hace bien su trabajo. Del Gobierno que debe solucionar la “disposición de los desechos sólidos” como dice el lenguaje técnico que todo lo encubre. Lo cierto es que hemos convertido ya no solo a las mayores ciudades de este país en un chiquero.
¿Qué se está haciendo? Nada. Ni siquiera nos damos cuenta del problema. Pienso en esto, luego de que arrojan de un autobús interprovincial una tarrina aún con restos de comida y casi golpea de pleno el parabrisas del auto dónde voy.
¿No es hora de plantearse en serio este problema? Yo diría que es uno de los problemas más grandes que tenemos y ante el cual cerramos los ojos o no queremos verlo. Por eso, es hora de unir esfuerzos y tratar de limpiar este país, ya no figuradamente sino literalmente. Este es el tipo de cuestiones que bien pueden movilizar esfuerzos conjuntos. Ministerios del sector público, municipios, escuelas y colegios, fuerzas de seguridad, empresa privada (especialmente los fabricantes de las botellitas de plástico y las cervecerías), medios de comunicación, transporte público, etc.
Toda la sociedad tiene algo que hacer con la basura. Aunque sea guardársela en los bolsillos… Creo que así como el trato a los animales define nuestro grado de humanidad, el manejo de la basura define el grado de respeto que nos tenemos unos con otros y con el pedazo de planeta, las patrias grandes y chicas, que nos toca habitar.
Y sin embargo... (La crisis del periodismo IV y final)
Recién leía en una revista Newsweek, el artículo de un célebre blogger que renunciaba a su carrera al no poder mantener el esfuerzo de publicar diariamente en un sitio que no le daba los ingresos suficientes como para poder vivir.
Hay quienes sostienen que todo se trata del declive de los diarios, las revistas, la prensa en papel. Que se está pasando del viejo mundo del impreso al mundo digital y virtual del Internet.
No es del todo cierto. En primer lugar, la televisión no escapa de la crisis. En segundo lugar, no existe todavía ningún modelo de negocios exitoso (en términos de ingresos) en el periodismo en Internet. De hecho, todos los grandes proyectos han resultado fallidos, por una u otra razón.
Hay quienes dicen que la crisis del periodismo es simplemente el momento de declive de un mundo en el cual comunicación significa “medios” a otro en el cual vamos a hablar simplemente de contenidos: textos, imágenes, vídeos, audios circulando a través de una gran diversidad de medios: la Internet, los teléfonos celulares, la TV digital interactiva, etc. Sin embargo, es una visión optimista de las cosas.
Breve paréntesis: siguen las malas noticias: el Boston Globe anuncia pérdidas históricas, las mayores en sus 150 años de historia. El New York Times, sí el mismísimo New York Times, señala que es posible que dejé de editar el diario si no se logra un acuerdo con los sindicatos para reducir los costos en 20 millones de dólares anuales.
El asunto no pasa por el reemplazo de una tecnología por otra. De unos medios de comunicación a uno que es la condensación de todos los anteriores (el Internet). Se trata de un cambio definitivo en la forma de usar los medios.
La gente no ha dejado de consumir noticias. Todos los estudios y estadísticas nos dicen que se consume más noticias que nunca. Sin embargo, la forma de llegar a la noticia es radicalmente distinta. Todos quienes conozcan del tema saben que el nuevo lector de Internet llega a la información a través de vínculos. Es decir, no lee medios, lee temas. Si quiere informarse, por ejemplo, de algo como “terremoto en Italia” hace la búsqueda en un motor como Google y va saltando de página en página o de nexo en nexo, dentro de la misma página.
Por eso, hay batallas que se están desarrollando en ese campo. Los productores de contenidos (los diarios), por ejemplo quieren que Google pague un “fee” por el servicios de Google News o hay quienes plantean que las páginas que hagan enlaces directos a otras páginas deben pagar también una tasa por ello.
El asunto es que se está buscando un nuevo modelo de negocios. Los que tiene que ganar en esto no son los grandes medios, todo lo contrario. Si vemos bien la mejor posición la tienen empresas como los proveedores de telefonía o los buscadores de Internet.
De regreso a nuestro país, esa es la razón por la cual pretender que la “democratización” de los medios pasa por el ataque en contra de los grandes medios y sus “monopolios” y que eso se convierta en la base de las nuevas leyes que regirán la comunicación en el país es, por decir lo menos, maniqueo y poco visionario.
El mundo de la comunicación cambia aceleradamente y no sabemos hacia dónde. Sería trágico que el Estado en lugar de dar mayor dinámica a los cambios, siga mirando rabiosamente al pasado.
Hay quienes sostienen que todo se trata del declive de los diarios, las revistas, la prensa en papel. Que se está pasando del viejo mundo del impreso al mundo digital y virtual del Internet.
No es del todo cierto. En primer lugar, la televisión no escapa de la crisis. En segundo lugar, no existe todavía ningún modelo de negocios exitoso (en términos de ingresos) en el periodismo en Internet. De hecho, todos los grandes proyectos han resultado fallidos, por una u otra razón.
Hay quienes dicen que la crisis del periodismo es simplemente el momento de declive de un mundo en el cual comunicación significa “medios” a otro en el cual vamos a hablar simplemente de contenidos: textos, imágenes, vídeos, audios circulando a través de una gran diversidad de medios: la Internet, los teléfonos celulares, la TV digital interactiva, etc. Sin embargo, es una visión optimista de las cosas.
Breve paréntesis: siguen las malas noticias: el Boston Globe anuncia pérdidas históricas, las mayores en sus 150 años de historia. El New York Times, sí el mismísimo New York Times, señala que es posible que dejé de editar el diario si no se logra un acuerdo con los sindicatos para reducir los costos en 20 millones de dólares anuales.
El asunto no pasa por el reemplazo de una tecnología por otra. De unos medios de comunicación a uno que es la condensación de todos los anteriores (el Internet). Se trata de un cambio definitivo en la forma de usar los medios.
La gente no ha dejado de consumir noticias. Todos los estudios y estadísticas nos dicen que se consume más noticias que nunca. Sin embargo, la forma de llegar a la noticia es radicalmente distinta. Todos quienes conozcan del tema saben que el nuevo lector de Internet llega a la información a través de vínculos. Es decir, no lee medios, lee temas. Si quiere informarse, por ejemplo, de algo como “terremoto en Italia” hace la búsqueda en un motor como Google y va saltando de página en página o de nexo en nexo, dentro de la misma página.
Por eso, hay batallas que se están desarrollando en ese campo. Los productores de contenidos (los diarios), por ejemplo quieren que Google pague un “fee” por el servicios de Google News o hay quienes plantean que las páginas que hagan enlaces directos a otras páginas deben pagar también una tasa por ello.
El asunto es que se está buscando un nuevo modelo de negocios. Los que tiene que ganar en esto no son los grandes medios, todo lo contrario. Si vemos bien la mejor posición la tienen empresas como los proveedores de telefonía o los buscadores de Internet.
De regreso a nuestro país, esa es la razón por la cual pretender que la “democratización” de los medios pasa por el ataque en contra de los grandes medios y sus “monopolios” y que eso se convierta en la base de las nuevas leyes que regirán la comunicación en el país es, por decir lo menos, maniqueo y poco visionario.
El mundo de la comunicación cambia aceleradamente y no sabemos hacia dónde. Sería trágico que el Estado en lugar de dar mayor dinámica a los cambios, siga mirando rabiosamente al pasado.
El movimiento del alfil
Tras el revuelo por la salida de Carlos Vera de Ecuavisa, su casa en estos 10 años, está un dilema que bien vale la pena analizar: equilibrio informativo en un canal vs. Decisiones editoriales autónomas de un programa de TV.
La carta de renuncia es clara: me voy porque soy director de mi espacio y por lo tanto tengo el derecho y la libertad de decidir a quienes invito y a quienes no. Ecuavisa, por su lado, dice: ya se concedió a Nebot una entrevista de 18 minutos, allí se refirió a la candidata Duarte y por lo tanto no se puede pretender hacer un Cero Tolerancia de una hora solo –y una vez más- con Jaime Nebot. A todo esto, se debiera sumar que antes de las “vacaciones” de Carlos Vera, el Alcalde de Guayaquil había aparecido por lo menos dos veces más, desde el inicio de la campaña electoral.
Allí está el dilema: ¿Puede un periodista decir soy dueño de mi espacio, lo manejo como deseo y si no quiero someterme a un principio de equilibrio editorial es mi problema? ¿Puede el canal atribuirse el derecho de llamar al equilibrio en un programa eminentemente de opinión y con ello interferir en los contenidos de ese espacio?
Creo que la respuesta es nítida. Por eso creo que la salida de Vera en estos términos suena a pretexto. Que todo se debe a que a estas alturas se está reconfigurando el panorama de los medios. ¿De qué forma? Tengo sospechas, pero sería aventurado decir algo sin que las piezas comiencen a calzar.
Por último, citar a la libertad de expresión o a la independencia periodística -como en otros casos de editorialistas y periodistas “famosos”- es frivolizar el término. Todos los días en las redacciones más equipadas o en las más precarias hay decenas de periodistas que se juegan noblemente por el oficio y no merecen media palabra cuando se retiran sin teatralidad alguna.
La carta de renuncia es clara: me voy porque soy director de mi espacio y por lo tanto tengo el derecho y la libertad de decidir a quienes invito y a quienes no. Ecuavisa, por su lado, dice: ya se concedió a Nebot una entrevista de 18 minutos, allí se refirió a la candidata Duarte y por lo tanto no se puede pretender hacer un Cero Tolerancia de una hora solo –y una vez más- con Jaime Nebot. A todo esto, se debiera sumar que antes de las “vacaciones” de Carlos Vera, el Alcalde de Guayaquil había aparecido por lo menos dos veces más, desde el inicio de la campaña electoral.
Allí está el dilema: ¿Puede un periodista decir soy dueño de mi espacio, lo manejo como deseo y si no quiero someterme a un principio de equilibrio editorial es mi problema? ¿Puede el canal atribuirse el derecho de llamar al equilibrio en un programa eminentemente de opinión y con ello interferir en los contenidos de ese espacio?
Creo que la respuesta es nítida. Por eso creo que la salida de Vera en estos términos suena a pretexto. Que todo se debe a que a estas alturas se está reconfigurando el panorama de los medios. ¿De qué forma? Tengo sospechas, pero sería aventurado decir algo sin que las piezas comiencen a calzar.
Por último, citar a la libertad de expresión o a la independencia periodística -como en otros casos de editorialistas y periodistas “famosos”- es frivolizar el término. Todos los días en las redacciones más equipadas o en las más precarias hay decenas de periodistas que se juegan noblemente por el oficio y no merecen media palabra cuando se retiran sin teatralidad alguna.
viernes 3 de abril de 2009
La crisis del periodismo III: Autodepuración
Durante las dos últimas semanas hemos estado hablando de la crisis del periodismo y los hechos se siguen acumulando: más de mil despidos en el conglomerado de medios del Daily Mail en Inglaterra. La Radio Televisión canadiense elimina 800 puestos de trabajo. Un canal de TV privado de Chile elimina todos sus noticieros...
Pero hablemos de algo más cercano y de un hecho que sirve como el perfecto ejemplo de las características que adquiere la crisis del periodismo en nuestro país: la pérdida de credibilidad.
Por supuesto, nos referimos al caso de los rumores publicados sobre los containers de los supuestos billetes de “cóndores” con los cuales se iban a reemplazar a los dólares después de las elecciones y de darse la victoria del actual Régimen.
En realidad, para muchos el rumor no era nuevo. Venía circulando en el Internet desde hace semanas, en coincidencia con la campaña electoral. Diariamente uno recibe decenas de estos correos anónimos distribuidos por cadenas de personas de buena voluntad y de las otras. Es muy raro que un periodista les de crédito y menos que los publique si no tiene una fuente realmente fiable que confirme la información. La norma es que si una denuncia es presentada de forma anónima, si el denunciante no se identifica ante el periodista, aunque después se preserve su identidad, estamos ante información poco confiable y no publicable.
Pero he aquí que un articulista, Rómulo López Sabando decide publicar los rumores. Lo hace con los detalles casi exactos del correo electrónico anónimo que circulaba desde hace días. Las cosas se agravan cuando el articulista decide que no va a revelar sus fuentes. Y no hablamos de su identidad, sino de su naturaleza. Las normas profesionales, incluyendo el código de ética para el periodismo de investigación, dice que solo se invocará la reserva de la fuente en último caso, cuando las fuentes corren inminente peligro.
La advertencia del Presidente Correa que luego se concreta de forma por demás “oportuna” en la denuncia de un ciudadano y la diligencia de un comisario para abrir un proceso todos blandiendo amenazantes un caduco (con todo y reformas) Código Penal, es condenable, por intimidatoria. Sin embargo, lo que hizo el articulista se parece mucho a la irresponsabilidad.
Una de las causas de la pérdida de credibilidad de los medios es justamente el hecho de que no han podido construir mecanismos fiables, efectivos y confiables de autorregulación. Este es un caso muy claro. El articulista no debiera ser amenazado con prisión, pero debieran ser los gremios y organizaciones de la prensa quienes abran procesos de investigación a través de Comités éticos o concejos de la prensa (como se llaman en otros países) y sancionar de ser el caso.
Es lo mismo que debió haberse aplicado en el Caso de Orlando Pérez, dónde todo quedó en unos hablando de “linchamiento” mediático y los otros indignados por la ferocidad de sus expresiones.
Estos consejos éticos, además, debieran ser abiertos y transparentes. Todo ciudadano afectado tendría que ser atendido, porque la autocrítica y la capacidad de autodepuración es el único camino para recuperar la credibilidad.
Pero hablemos de algo más cercano y de un hecho que sirve como el perfecto ejemplo de las características que adquiere la crisis del periodismo en nuestro país: la pérdida de credibilidad.
Por supuesto, nos referimos al caso de los rumores publicados sobre los containers de los supuestos billetes de “cóndores” con los cuales se iban a reemplazar a los dólares después de las elecciones y de darse la victoria del actual Régimen.
En realidad, para muchos el rumor no era nuevo. Venía circulando en el Internet desde hace semanas, en coincidencia con la campaña electoral. Diariamente uno recibe decenas de estos correos anónimos distribuidos por cadenas de personas de buena voluntad y de las otras. Es muy raro que un periodista les de crédito y menos que los publique si no tiene una fuente realmente fiable que confirme la información. La norma es que si una denuncia es presentada de forma anónima, si el denunciante no se identifica ante el periodista, aunque después se preserve su identidad, estamos ante información poco confiable y no publicable.
Pero he aquí que un articulista, Rómulo López Sabando decide publicar los rumores. Lo hace con los detalles casi exactos del correo electrónico anónimo que circulaba desde hace días. Las cosas se agravan cuando el articulista decide que no va a revelar sus fuentes. Y no hablamos de su identidad, sino de su naturaleza. Las normas profesionales, incluyendo el código de ética para el periodismo de investigación, dice que solo se invocará la reserva de la fuente en último caso, cuando las fuentes corren inminente peligro.
La advertencia del Presidente Correa que luego se concreta de forma por demás “oportuna” en la denuncia de un ciudadano y la diligencia de un comisario para abrir un proceso todos blandiendo amenazantes un caduco (con todo y reformas) Código Penal, es condenable, por intimidatoria. Sin embargo, lo que hizo el articulista se parece mucho a la irresponsabilidad.
Una de las causas de la pérdida de credibilidad de los medios es justamente el hecho de que no han podido construir mecanismos fiables, efectivos y confiables de autorregulación. Este es un caso muy claro. El articulista no debiera ser amenazado con prisión, pero debieran ser los gremios y organizaciones de la prensa quienes abran procesos de investigación a través de Comités éticos o concejos de la prensa (como se llaman en otros países) y sancionar de ser el caso.
Es lo mismo que debió haberse aplicado en el Caso de Orlando Pérez, dónde todo quedó en unos hablando de “linchamiento” mediático y los otros indignados por la ferocidad de sus expresiones.
Estos consejos éticos, además, debieran ser abiertos y transparentes. Todo ciudadano afectado tendría que ser atendido, porque la autocrítica y la capacidad de autodepuración es el único camino para recuperar la credibilidad.
miércoles 1 de abril de 2009
La carrera de caballos
Polibio Córdova con Lenin Artieda. Cómo están las encuestas es el tema ineludible. Y comenzamos con el cansino recitar de los escalafones: Rafael Correa ya está decidido, Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, Martha Roldós...
¿Y para alcalde de Quito? Augusto Barrera, Antonio Ricaurte... ¿Para prefecto? Gustavo Baroja. ¿Para Alcalde de Guayaquil? Nebot, largo... Para asambleístas, la lista 35, aunque la indecisión gana de largo.
A poco más se ha reducido la cobertura de una campaña electoral que parece no entusiasmar a muchos. Este estilo de coberturas electorales es lo que los analistas estadounidenses llaman la “carrera de caballos”. Es decir, las campañas políticas reducidas a saber quién va primero, quién segundo. Quién le pisa los talones a quién. Qué pura sangre ha sacado varios cuerpos de distancia a los corceles de la competencia.
Otro lado de la “carrera de caballos” son los actos proselitistas. El hipódromo, también, es el espacio para exhibir y exhibirse, apostar, hablar, llegar con los autos. Traducido, una campaña debe implicar caravanas motorizadas, concentraciones masivas, discursos de tarima. ¿Qué sería si no viéramos a Correa y Barrera en la tribuna del Sur? ¿A Nebot en sus recorridos a golpe de madera de guerrero? ¿A Ricaurte sonreír junto a Paco Moncayo?
La pregunta es: ¿Dónde quedan los temas de fondo? Ya que en esta campaña no hay espacios de debate, solo quedan las entrevistas a los candidatos. Pero, tampoco, porque allí predomina el formato sobre la sustancia, como en el caso de las entrevistas estilo ¿Quién quiere ser millonario? que hace Félix Narváez a los candidatos locales de Pichincha.
Estamos en un escenario paradójico: ya que la “carrera de caballos” ha sido la forma de cubrir las campañas electorales (unas veces más otras menos), los políticos también se comportan como caballos en lid. Es decir, sus estrategias van dirigidas a conseguir liderar la carrera, no a construir un discurso y menos una plataforma política que sustente un proyecto. La carrera de caballos no es únicamente un estilo de cobertura periodística sino que se ha transformado en una práctica política.
Por ello, elegiremos a los distintos dignatarios sin que sepamos por ejemplo: ¿qué programa anti crisis plantean? ¿Qué debate sobre dolarización y/o desdolarización se ha dado? (aparte de las amenazas presidenciales de prisión sobre quien “difunda rumores falsos”) ¿Qué modelos políticos, sociales, económicos están en juego? Nada. Solo tenemos una carrera que, para rematar las cosas, no puede ser menos competitiva.
¿Y para alcalde de Quito? Augusto Barrera, Antonio Ricaurte... ¿Para prefecto? Gustavo Baroja. ¿Para Alcalde de Guayaquil? Nebot, largo... Para asambleístas, la lista 35, aunque la indecisión gana de largo.
A poco más se ha reducido la cobertura de una campaña electoral que parece no entusiasmar a muchos. Este estilo de coberturas electorales es lo que los analistas estadounidenses llaman la “carrera de caballos”. Es decir, las campañas políticas reducidas a saber quién va primero, quién segundo. Quién le pisa los talones a quién. Qué pura sangre ha sacado varios cuerpos de distancia a los corceles de la competencia.
Otro lado de la “carrera de caballos” son los actos proselitistas. El hipódromo, también, es el espacio para exhibir y exhibirse, apostar, hablar, llegar con los autos. Traducido, una campaña debe implicar caravanas motorizadas, concentraciones masivas, discursos de tarima. ¿Qué sería si no viéramos a Correa y Barrera en la tribuna del Sur? ¿A Nebot en sus recorridos a golpe de madera de guerrero? ¿A Ricaurte sonreír junto a Paco Moncayo?
La pregunta es: ¿Dónde quedan los temas de fondo? Ya que en esta campaña no hay espacios de debate, solo quedan las entrevistas a los candidatos. Pero, tampoco, porque allí predomina el formato sobre la sustancia, como en el caso de las entrevistas estilo ¿Quién quiere ser millonario? que hace Félix Narváez a los candidatos locales de Pichincha.
Estamos en un escenario paradójico: ya que la “carrera de caballos” ha sido la forma de cubrir las campañas electorales (unas veces más otras menos), los políticos también se comportan como caballos en lid. Es decir, sus estrategias van dirigidas a conseguir liderar la carrera, no a construir un discurso y menos una plataforma política que sustente un proyecto. La carrera de caballos no es únicamente un estilo de cobertura periodística sino que se ha transformado en una práctica política.
Por ello, elegiremos a los distintos dignatarios sin que sepamos por ejemplo: ¿qué programa anti crisis plantean? ¿Qué debate sobre dolarización y/o desdolarización se ha dado? (aparte de las amenazas presidenciales de prisión sobre quien “difunda rumores falsos”) ¿Qué modelos políticos, sociales, económicos están en juego? Nada. Solo tenemos una carrera que, para rematar las cosas, no puede ser menos competitiva.
La crisis del periodismo II: Contacto y contrato
Contacto y contrato. Esas son las dos palabras claves en la relación entre periodismo, medios de comunicación y los lectores, oyentes o televidentes.
Muchas veces, quienes hacemos comunicación confundimos lo uno con lo otro. El contacto es la cantidad de gente que consume un medio: El “rating” en radio y televisión, la circulación, en prensa. Pero suele pasar que por lograr mayor número de “contactos” inmediatos se pierde contrato: el compromiso a largo plazo entre audiencia y medio. Esto es visible cuando un lector escribe “mi diario de toda la vida”. Cuando un televidente dice “el canal con el que crecí”.
En las actuales circunstancias, los sistemáticos ataques verbales del Presiente Correa en contra de la prensa son muy graves, pero es peor aún que mucha gente –en todos los sectores, en todos los niveles, de todas las creencias- piense que está bien, que se lo tienen merecido. Que si se sacara a tal o cual periodista de la tele o de los periódicos no solo no estaría mal sino que se aplaudiría.
¿Por qué? Veamos la ecuación básica del contrato: La libertad de expresión es el derecho que se reconoce a cada persona para expresar libremente sus ideas sin retaliaciones. Existe una segunda libertad que se cobija bajo este principio: la circulación de la información. Y una tercera, la libertad de prensa, que es la concreción en un ámbito específico (el periodístico) de la libertad de expresión.
La sociedad deposita su derecho a la circulación de información en las empresas periodísticas. Estas, a su vez, contratan a los periodistas para que narren acontecimientos de la forma más cercana a la verdad y/o reflejen las distintas sensibilidades de la sociedad.
Este pacto en la vida real no funciona de forma tan perfecta. Muchas cosas suceden. Están las presiones de los poderes políticos y económicos. Está el ejercicio de una gerencia cuya misión es seguir haciendo viable a las empresas periodísticas en un entorno que cambia aceleradamente. Está la tensión entre la necesidad de la pluralidad, la desconcentración y la democratización de los medios frente a la necesidad ineludible de contar con empresas periodísticas fuertes y solventes, listas para afrontar cualquier presión.
Hoy por hoy muchos ciudadanos, políticos y periodistas no creen en la libertad de prensa. La ven como el pretexto bajo el cual algunos empresarios encubren sus culpas en el impedimento de que la información circule libremente y los periodistas ejerzan su libertad de expresión. Hay ejemplos en este sentido, aunque también hay mucha mitología.
Pero la solución que se plantea es peor: que desde el Estado se “compense” y se “regule” la posible vulneración de los derechos sociales. Pero el historial del Estado (de cualquier Estado y de cualquier gobierno que ocupe el Estado) en cuanto a las libertades de prensa, expresión y circulación de la información es nefasto porque existe una tensión insoluble entre el ejercicio del poder que usa la opacidad frente a la transparencia, la propaganda frente a la verdad y la pragmática frente a la ética.
Son los medios y los periodistas quienes estamos llamados a reconstruir el contrato con la gente con lucidez, nitidez, generosidad y humildad. No hay otra alternativa.
Muchas veces, quienes hacemos comunicación confundimos lo uno con lo otro. El contacto es la cantidad de gente que consume un medio: El “rating” en radio y televisión, la circulación, en prensa. Pero suele pasar que por lograr mayor número de “contactos” inmediatos se pierde contrato: el compromiso a largo plazo entre audiencia y medio. Esto es visible cuando un lector escribe “mi diario de toda la vida”. Cuando un televidente dice “el canal con el que crecí”.
En las actuales circunstancias, los sistemáticos ataques verbales del Presiente Correa en contra de la prensa son muy graves, pero es peor aún que mucha gente –en todos los sectores, en todos los niveles, de todas las creencias- piense que está bien, que se lo tienen merecido. Que si se sacara a tal o cual periodista de la tele o de los periódicos no solo no estaría mal sino que se aplaudiría.
¿Por qué? Veamos la ecuación básica del contrato: La libertad de expresión es el derecho que se reconoce a cada persona para expresar libremente sus ideas sin retaliaciones. Existe una segunda libertad que se cobija bajo este principio: la circulación de la información. Y una tercera, la libertad de prensa, que es la concreción en un ámbito específico (el periodístico) de la libertad de expresión.
La sociedad deposita su derecho a la circulación de información en las empresas periodísticas. Estas, a su vez, contratan a los periodistas para que narren acontecimientos de la forma más cercana a la verdad y/o reflejen las distintas sensibilidades de la sociedad.
Este pacto en la vida real no funciona de forma tan perfecta. Muchas cosas suceden. Están las presiones de los poderes políticos y económicos. Está el ejercicio de una gerencia cuya misión es seguir haciendo viable a las empresas periodísticas en un entorno que cambia aceleradamente. Está la tensión entre la necesidad de la pluralidad, la desconcentración y la democratización de los medios frente a la necesidad ineludible de contar con empresas periodísticas fuertes y solventes, listas para afrontar cualquier presión.
Hoy por hoy muchos ciudadanos, políticos y periodistas no creen en la libertad de prensa. La ven como el pretexto bajo el cual algunos empresarios encubren sus culpas en el impedimento de que la información circule libremente y los periodistas ejerzan su libertad de expresión. Hay ejemplos en este sentido, aunque también hay mucha mitología.
Pero la solución que se plantea es peor: que desde el Estado se “compense” y se “regule” la posible vulneración de los derechos sociales. Pero el historial del Estado (de cualquier Estado y de cualquier gobierno que ocupe el Estado) en cuanto a las libertades de prensa, expresión y circulación de la información es nefasto porque existe una tensión insoluble entre el ejercicio del poder que usa la opacidad frente a la transparencia, la propaganda frente a la verdad y la pragmática frente a la ética.
Son los medios y los periodistas quienes estamos llamados a reconstruir el contrato con la gente con lucidez, nitidez, generosidad y humildad. No hay otra alternativa.
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