Santiago Estrella Garcés, escritor y periodista, preguntó a Eduardo Galeano en el Salón de la Ciudad del Municipio de Quito, ¿por qué uno podía ser hincha de un equipo de fútbol qué nunca gana nada y solo da sinsabores y sufrimientos a los hinchas? Santiago lo decía porque era un hincha del Aucas.
No se cómo Santiago habrá recibido la noticia allá en Buenos Aires, dónde es corresponsal de diario El Comercio, cuando se haya enterado que su amado Aucas descendió a la segunda categoría, en esta época en que el éxito es la marca con la cual se mide todo.
Como bien lo indica Marcos Mayer en su estupendo libro La tecla populista: "Este populismo es viejo, nada ha resurgido...
Se podría decir que se consolida a partir de una industria cultural en la que el valor mayor pasa por la cantidad de consumidores que convoca un libro, una película o un disco... El argumento de lo popular se articula con el mercado, ya que en el populismo el valor de un producto cultural se define por sus cifras de venta". A estas alturas poco se discute si el fútbol es cultura o no. Como tampoco pocos pueden dudar de que se trata de una industria multimillonaria que forma parte del conjunto llamado espectáculo o entretenimiento. Por eso las reflexiones de Mayer vienen como anillo al dedo.
En esta era , el éxito en ventas marca el valor estético e incluso emotivo de un equipo de fútbol. Dicho en otras palabras: la popularidad avala el éxito y el éxito a su vez sustenta la popularidad. Pocos quieren ser hinchas de un "perdedor" lo que podría encasillarse en ese fenómeno tan contemporáneo del loser frente al winner.
Pero si en algo hay estética es en la pérdida, en la derrota y en el perdedor. O si no pregunten a Mutis y nuestro entrañable Maqroll.
Por eso es tan significativo un equipo que hace del fracaso su bandera y de la desilusión su estrategia como todo un símbolo de reivindicación.
Aucas definitivamente pertenece a otra era del fútbol. Una en la que la voluntad, la "garra", el último minuto y la camiseta de lana barata se sudaba hasta más allá del último minuto. Lo cual entra en contradicción con la eficiencia empresarial, las estrategias de "marketing", los números de camisetas ultratecnológicas vendidas y los miles de socios del club campestre que se reivindican como ejemplos del fútbol moderno.
Como muestra un spot de un canal de televisión, los verdaderos héroes están en una cancha de tierra. Por eso no es de extrañarse que los hinchas del Aucas hayan despedido al equipo con aplausos y lágrimas (al mismo tiempo). Finalmente ganaron 4-0, pero con su mítica "mala suerte", no fue suficiente. Un perdedor en toda regla. ¡Orgullosamente!
Ahora el Aucas regresa a una dimensión más humana del fútbol y puede ser que sea lo mejor. Allí esa histórica camiseta posiblemente no será manoseada por malos dirigentes o empresarios poco serios.
viernes 6 de noviembre de 2009
sábado 26 de septiembre de 2009
El final de la crítica
Imagine el siguiente episodio: ¿Alo? ¿Señor Spilberg?
Sí, el mismo.
Habla, Pepito Suárez. Estoy escribiendo una crítica sobre su última película y opino que la dirección de actores deja mucho que desear. ¿Usted está de acuerdo con qué no hizo un buen trabajo?
Y claro, Spilberg, nos dirá: "Sí lo reconozco: ¡Perdón!". Algo así es lo que plantea el más reciente de los teóricos del periodismo, Robinson Robles del programa Erratas, de Gama TV. Según lo que planteó en el programa del domingo, en esta columna, hemos violado principios éticos porque no consultamos ni con él ni Carlos Ochoa para escribir una crítica sobre Gama.
Esto es desconocer los géneros periodísticos. Una crítica es una columna de opinión en la que se hace una lectura analítica de aspectos de una obra artística, literaria, cinematográfica, dramática o televisiva. No es una noticia.
¿Se debe preguntar obligatoriamente a los involucrados o "afectados" por una crítica y se incumple la ética periodística al no colocar los criterios del autor de la obra criticada? No. El autor ha hablado por su obra. Y cuando una obra ha sido difundida, tenemos todo el derecho de desmenuzarla, despedazarla, ensalzarla, etc., porque ya es pública.
Así que vayan a dar lecciones de ética en otro lado. Pero, antes, expliquen la violación no solo ética, sino legal de haber grabado y difundido grabaciones de voz sin autorización de los involucrados, en este caso, de este columnista.
¿Solo cuando se graba al presidente Correa está mal? Estos señores de Erratas, en el canal estatal Gama TV, violaron el reglamento emitido por el propio Gobierno. ¿Va a actuar el Ministro de Telecomunicaciones con tanta diligencia como cuando reclamó competencias en el caso de Teleamazonas?
Sí, el mismo.
Habla, Pepito Suárez. Estoy escribiendo una crítica sobre su última película y opino que la dirección de actores deja mucho que desear. ¿Usted está de acuerdo con qué no hizo un buen trabajo?
Y claro, Spilberg, nos dirá: "Sí lo reconozco: ¡Perdón!". Algo así es lo que plantea el más reciente de los teóricos del periodismo, Robinson Robles del programa Erratas, de Gama TV. Según lo que planteó en el programa del domingo, en esta columna, hemos violado principios éticos porque no consultamos ni con él ni Carlos Ochoa para escribir una crítica sobre Gama.
Esto es desconocer los géneros periodísticos. Una crítica es una columna de opinión en la que se hace una lectura analítica de aspectos de una obra artística, literaria, cinematográfica, dramática o televisiva. No es una noticia.
¿Se debe preguntar obligatoriamente a los involucrados o "afectados" por una crítica y se incumple la ética periodística al no colocar los criterios del autor de la obra criticada? No. El autor ha hablado por su obra. Y cuando una obra ha sido difundida, tenemos todo el derecho de desmenuzarla, despedazarla, ensalzarla, etc., porque ya es pública.
Así que vayan a dar lecciones de ética en otro lado. Pero, antes, expliquen la violación no solo ética, sino legal de haber grabado y difundido grabaciones de voz sin autorización de los involucrados, en este caso, de este columnista.
¿Solo cuando se graba al presidente Correa está mal? Estos señores de Erratas, en el canal estatal Gama TV, violaron el reglamento emitido por el propio Gobierno. ¿Va a actuar el Ministro de Telecomunicaciones con tanta diligencia como cuando reclamó competencias en el caso de Teleamazonas?
Carta abierta a Erratas
Señores: Reitero mi decisión de no darles una entrevista. Creo que están partiendo de un error conceptual, pues yo no debo dar cuentas de lo que pasa en Gama TV, sino ustedes. No a mi, a los televidentes, y al ser un canal estatal, a sus propietarios, que somos los ciudadanos. Yo como un ciudadano más les pido cuentas y me reafirmo en mi crítica, sin cambiar una coma,
Ustedes como funcionarios de un canal estatal, deben rendir cuentas y saber procesar las críticas. Y veo que no lo están haciendo. Si quieren empapelarme por haberme atrevido, si quieren tomar retaliaciones contra mi o en contra de la institución que dirijo, es su problema. Sepan que el poder no es eterno y que he resistido embates de gente que a su turno fue muy poderosa.
Si los lectores de Diario Hoy quieren aclaraciones sobre mis expresiones, con gusto las haré. Si ustedes tienen alguna precisión que hacer, con gusto atenderé sus cartas. Pero no creo que se deban utilizar los espacios en los medios de comunicación para ventilar resentimientos personales. Por lo tanto, no voy a dar una entrevista para que ustedes utilicen el espacio en mi contra, como lo hicieron en Gama TV la semana pasada. ¿Quieren explicación sobre la frase "oficiosos servidores del poder"? No me la pidan, revisen los videos de cada noticiero en las últimas semanas. Describo lo que veo en la pantalla. Y lo que veo es a unos periodistas y presentadores que se comportan como eso. ¿Por qué no menciono más que a los señores Ochoa y Robles? Porque no creo que otros presentadores tengan ningún peso periodístico ni político.
¿Qué notas en contra de El Universo y El Comercio? Una vez más, revisen sus noticieros... Les reitero: No soy yo el que debo rendir cuentas por lo que pasa en Gama TV, son ustedes como servidores públicos, quienes nos deben explicaciones.
Ustedes como funcionarios de un canal estatal, deben rendir cuentas y saber procesar las críticas. Y veo que no lo están haciendo. Si quieren empapelarme por haberme atrevido, si quieren tomar retaliaciones contra mi o en contra de la institución que dirijo, es su problema. Sepan que el poder no es eterno y que he resistido embates de gente que a su turno fue muy poderosa.
Si los lectores de Diario Hoy quieren aclaraciones sobre mis expresiones, con gusto las haré. Si ustedes tienen alguna precisión que hacer, con gusto atenderé sus cartas. Pero no creo que se deban utilizar los espacios en los medios de comunicación para ventilar resentimientos personales. Por lo tanto, no voy a dar una entrevista para que ustedes utilicen el espacio en mi contra, como lo hicieron en Gama TV la semana pasada. ¿Quieren explicación sobre la frase "oficiosos servidores del poder"? No me la pidan, revisen los videos de cada noticiero en las últimas semanas. Describo lo que veo en la pantalla. Y lo que veo es a unos periodistas y presentadores que se comportan como eso. ¿Por qué no menciono más que a los señores Ochoa y Robles? Porque no creo que otros presentadores tengan ningún peso periodístico ni político.
¿Qué notas en contra de El Universo y El Comercio? Una vez más, revisen sus noticieros... Les reitero: No soy yo el que debo rendir cuentas por lo que pasa en Gama TV, son ustedes como servidores públicos, quienes nos deben explicaciones.
viernes 18 de septiembre de 2009
Los canales de la RC
Si hay algo que nos une como hermanos. Como país. Como compatriotas. Más allá de ideologías políticas. Banderas ideológicas. Correistas y opositores... Ese algo es el prejuicio moralista.
¿Creyó que el episodio del pastor Nelson Zavala en Ecuavisa con Lenin Artieda es único? ¿Acaso un recurso de un entrevistador con ganas de ser crítico del Gobierno, pero sin los recursos debidos a mano? Para nada.
En el mismísimo Gama TV, un canal en manos del Gobierno de la Revolución Ciudadana, RC, tiene su espacio el pastor más talibán de los talibanes. Es decir, el más fundamentalista de los fundamentalistas (¡lo que me estoy echando encima!), el pastor Arturo Norero.
Era el mismo Pastor que declaraba lo siguiente: "Como cristianos jamás vamos a obedecer cualquier ley humana que se sobreponga a la ley divina". O llamaba a la "desobediencia a los artículos que se levantan en contra de la ley de Dios" y decía que "hay que votar por el No (en el referendo), y amenazaba que no acataremos esa Constitución, no la vamos a practicar", indicó Norero y apuntó que el texto está abierto al "libertinaje sexual, a la perversión total" al posibilitar "el adulterio, la unión de hecho y brujería", lo cual es rechazado por el gobierno nacional.
¿Cómo un personaje así está en el canal de la Revolución Ciudadana ¿Es una demostración del pluralismo que prima en ese canal? Para nada. Son únicamente cosas de la política, mi querido Watson. Acuérdense que el mismísimo Carlos Vera hacía sus cuentas sobre la importante masa de votantes que significan los evangélicos y que eso, incluso, puede marcar elecciones.
Pero son malos cálculos: Miren dónde quedó la candidata evangélica.
En cambio, al otro lado están los ciudadanos. Especialmente aquellos que son minoría por sus preferencias sexuales, políticas, religiosas. O porque son rockeros, o jóvenes o lo que sea diferente Es decir, aquellos que en los canales de la Revolución Ciudadana aún no tienen espacio o lo tienen de forma muy marginal.
¿Creyó que el episodio del pastor Nelson Zavala en Ecuavisa con Lenin Artieda es único? ¿Acaso un recurso de un entrevistador con ganas de ser crítico del Gobierno, pero sin los recursos debidos a mano? Para nada.
En el mismísimo Gama TV, un canal en manos del Gobierno de la Revolución Ciudadana, RC, tiene su espacio el pastor más talibán de los talibanes. Es decir, el más fundamentalista de los fundamentalistas (¡lo que me estoy echando encima!), el pastor Arturo Norero.
Era el mismo Pastor que declaraba lo siguiente: "Como cristianos jamás vamos a obedecer cualquier ley humana que se sobreponga a la ley divina". O llamaba a la "desobediencia a los artículos que se levantan en contra de la ley de Dios" y decía que "hay que votar por el No (en el referendo), y amenazaba que no acataremos esa Constitución, no la vamos a practicar", indicó Norero y apuntó que el texto está abierto al "libertinaje sexual, a la perversión total" al posibilitar "el adulterio, la unión de hecho y brujería", lo cual es rechazado por el gobierno nacional.
¿Cómo un personaje así está en el canal de la Revolución Ciudadana ¿Es una demostración del pluralismo que prima en ese canal? Para nada. Son únicamente cosas de la política, mi querido Watson. Acuérdense que el mismísimo Carlos Vera hacía sus cuentas sobre la importante masa de votantes que significan los evangélicos y que eso, incluso, puede marcar elecciones.
Pero son malos cálculos: Miren dónde quedó la candidata evangélica.
En cambio, al otro lado están los ciudadanos. Especialmente aquellos que son minoría por sus preferencias sexuales, políticas, religiosas. O porque son rockeros, o jóvenes o lo que sea diferente Es decir, aquellos que en los canales de la Revolución Ciudadana aún no tienen espacio o lo tienen de forma muy marginal.
Talibanes y derechos
Reportaje en Ecuavisa sobre la notarización de las relaciones de parejas del mismo sexo. Se trata de un procedimiento legal que garantiza un derecho de estas parejas, lo cual implica un cierto reconocimiento social, una formalización y una estabilización.
Lo ideal sería, por supuesto, que accedan al contrato matrimonial. Pero sabemos que esa posibilidad está cruzada por una serie de prejuicios y moralismos que esgrimen algunos desde la fe religiosa para que no se reconozcan y, más bien, se vulneren los derechos de estas personas.
El trabajo del equipo de reporteros de Ecuavisa era interesante: siguieron a una pareja y comprobaron que notaría tras notaría se negaban a registrar las unión de hecho de esta pareja del mismo sexo. Hasta que encontraron una dónde sí estaban dispuestos a respetar la Constitución y, más que nada, los más elementales derechos de estas personas.
Hasta ahí todo bien. Había dos posibilidades para generar opinión sobre este tema: hablar sobre derechos vulnerados y la necesidad de aplicar en la práctica los derechos consagrados en la Constitución. O irse por un lado moralista y combinarlo de una forma torcida (por forzada) con un cuestionamiento al Gobierno.
Lenin Artieda escogió lo más fácil: el moralismo. Entonces, llamó a uno de los pastores más fundamentalistas, a un verdadero “talibán” del Evangelio, el pastor y "orientador familiar" Nelson Zavala, para que hablara de abominaciones anticristianas y de engaños por parte del Gobierno. O sino vean esta frase: "Un hombre que piensa como Correa es un hombre con pensamiento bisexual, está de acuerdo en la familia heterosexual y está de acuerdo que dos hombres estén juntos, eso es un bisexual pues".
Combo completo en Contacto Directo: moralismo, utilización de la fe y oposición política, en una sola persona. Amén, hermano Artieda.
¿Hasta cuándo llenarán los sets de TV de pastores y sacerdotes para que hablen de lo que pasa en las alcobas de los ecuatorianos?
En estos puntos hablemos en serio, pero de derechos, de salud pública o de cosas más humanas, que Dios se ocupa de otros temas.
Lo ideal sería, por supuesto, que accedan al contrato matrimonial. Pero sabemos que esa posibilidad está cruzada por una serie de prejuicios y moralismos que esgrimen algunos desde la fe religiosa para que no se reconozcan y, más bien, se vulneren los derechos de estas personas.
El trabajo del equipo de reporteros de Ecuavisa era interesante: siguieron a una pareja y comprobaron que notaría tras notaría se negaban a registrar las unión de hecho de esta pareja del mismo sexo. Hasta que encontraron una dónde sí estaban dispuestos a respetar la Constitución y, más que nada, los más elementales derechos de estas personas.
Hasta ahí todo bien. Había dos posibilidades para generar opinión sobre este tema: hablar sobre derechos vulnerados y la necesidad de aplicar en la práctica los derechos consagrados en la Constitución. O irse por un lado moralista y combinarlo de una forma torcida (por forzada) con un cuestionamiento al Gobierno.
Lenin Artieda escogió lo más fácil: el moralismo. Entonces, llamó a uno de los pastores más fundamentalistas, a un verdadero “talibán” del Evangelio, el pastor y "orientador familiar" Nelson Zavala, para que hablara de abominaciones anticristianas y de engaños por parte del Gobierno. O sino vean esta frase: "Un hombre que piensa como Correa es un hombre con pensamiento bisexual, está de acuerdo en la familia heterosexual y está de acuerdo que dos hombres estén juntos, eso es un bisexual pues".
Combo completo en Contacto Directo: moralismo, utilización de la fe y oposición política, en una sola persona. Amén, hermano Artieda.
¿Hasta cuándo llenarán los sets de TV de pastores y sacerdotes para que hablen de lo que pasa en las alcobas de los ecuatorianos?
En estos puntos hablemos en serio, pero de derechos, de salud pública o de cosas más humanas, que Dios se ocupa de otros temas.
viernes 28 de agosto de 2009
Retrocesos
Hay por lo menos cinco proyectos de Ley de Comunicación que se anuncian o ya están sobre la mesa. Hagamos el recuento: un proyecto de César Montúfar, un proyecto de la Coordinadora de la Comunicación y un grupo de organizaciones encabezada por Ciespal, unos principios que plantea el Foro de la Comunicación, cuya figura más visible es la ex asambleísta Pilar Nuñez, uno que anunció Cinthya Viteri y finalmente el que se prepara y saldrá del seno del Ejecutivo.
Al final, puede reducirse a cuatro si es que el Foro y la Coordinadora logran superar sus diferencias. O a tres, si la asambleísta Viteri, también renuncia a presentar un proyecto sin mucho futuro legislativo, si es que se atiende a la correlación de fuerzas en la Asamblea.
En todo caso, los proyectos se multiplican. Y eso en principio no es malo. Mientras más propuestas haya se puede llegar a mejores acuerdos y a leyes de mayor calidad. Pero, ¿esto es cierto?
Revisemos el proyecto de la Coordinadora que se dio a conocer hace pocos días y que esta semana fue sometido a examen de expertos internacionales en un seminario en Ciespal. Tomamos este proyecto porque se supone que ha sido formulado por comunicadores expertos, catedráticos, egresados y profesionales.
Una buena forma de examinar un proyecto de este tipo es mirarlo frente a los estándares internacionales, y en el caso de la comunicación debemos partir del principio esencial, el Artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que data de 1948. Allí, en un solo artículo, se condensan los principales derechos y libertades de los que goza una persona en cuánto a la comunicación: expresar sus opiniones sin retaliaciones, acceder a información, producirla. No hace falta más: un solo artículo producido hace 50 años ha servido para que la humanidad reconozca un derecho fundamental no solo para las personas, sino para las democracias.
Sin embargo, en el proyecto de Ley presentada en Ciespal se utilizan tres largos artículos y se desglosa como si fueran cosas distintas: el “Derecho a la libertad expresión de pensamiento” (artículo 9). “Derecho a la libertad opinión” (artículo 10) y el “Derecho a la libertad de expresión” (artículo 11). Es decir, el proyecto es tan “innovador” que reproduce un derecho en tres.
Miremos, en cambio, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos declara en solo un artículo, el 13 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley...” Y a continuación cita esas pocas limitaciones.
¿Hace falta más? Para nada. Sin embargo, en este proyecto de Ley hay cuestiones aún más contradictorias con los estándares internacionales. Por eso es que varios de los expertos internacionales traídos por el propio Ciespal y con quién puede hablar personalmente calificaron negativamente el proyecto y se negaron a avalar algo que puede estar en abierta contradicción con el marco jurídico interamericano y los avances mundiales sobre libertad de expresión.
Al final, puede reducirse a cuatro si es que el Foro y la Coordinadora logran superar sus diferencias. O a tres, si la asambleísta Viteri, también renuncia a presentar un proyecto sin mucho futuro legislativo, si es que se atiende a la correlación de fuerzas en la Asamblea.
En todo caso, los proyectos se multiplican. Y eso en principio no es malo. Mientras más propuestas haya se puede llegar a mejores acuerdos y a leyes de mayor calidad. Pero, ¿esto es cierto?
Revisemos el proyecto de la Coordinadora que se dio a conocer hace pocos días y que esta semana fue sometido a examen de expertos internacionales en un seminario en Ciespal. Tomamos este proyecto porque se supone que ha sido formulado por comunicadores expertos, catedráticos, egresados y profesionales.
Una buena forma de examinar un proyecto de este tipo es mirarlo frente a los estándares internacionales, y en el caso de la comunicación debemos partir del principio esencial, el Artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que data de 1948. Allí, en un solo artículo, se condensan los principales derechos y libertades de los que goza una persona en cuánto a la comunicación: expresar sus opiniones sin retaliaciones, acceder a información, producirla. No hace falta más: un solo artículo producido hace 50 años ha servido para que la humanidad reconozca un derecho fundamental no solo para las personas, sino para las democracias.
Sin embargo, en el proyecto de Ley presentada en Ciespal se utilizan tres largos artículos y se desglosa como si fueran cosas distintas: el “Derecho a la libertad expresión de pensamiento” (artículo 9). “Derecho a la libertad opinión” (artículo 10) y el “Derecho a la libertad de expresión” (artículo 11). Es decir, el proyecto es tan “innovador” que reproduce un derecho en tres.
Miremos, en cambio, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos declara en solo un artículo, el 13 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley...” Y a continuación cita esas pocas limitaciones.
¿Hace falta más? Para nada. Sin embargo, en este proyecto de Ley hay cuestiones aún más contradictorias con los estándares internacionales. Por eso es que varios de los expertos internacionales traídos por el propio Ciespal y con quién puede hablar personalmente calificaron negativamente el proyecto y se negaron a avalar algo que puede estar en abierta contradicción con el marco jurídico interamericano y los avances mundiales sobre libertad de expresión.
Gama TV
Poco tiempo después de que Gamavisión pasó a manos del Estado por la incautación de la AGD de los bienes del Grupo Isaías, cambió su identidad a Gama TV.
Era una modernización de nombre e imagen que trataba de darnos una idea de normalidad. De que pese a la situación jurídica, se mantenían los planes y más que nada las líneas de trabajo del canal. Esto último, se volvería una realidad de unos alcances que nunca imaginaríamos.
En los viejos tiempos (apenas es un año pero parece que ha pasado una eternidad), TC Televisión y Gama TV eran canales que fueron utilizados por sus dueños, banqueros prófugos en Miami, para emprender en campañas de ataque en contra de todo aquel a quien consideran enemigo o simplemente crítico frente a sus prácticas.
Cierto es que la punta de lanza fue TC. Pero en varias ocasiones Gamavisión cumplió un rol, igualmente, agresivo.
Hace poco Gama TV renovó sus noticieros y con absoluta indignación y tristeza constatamos que nada ha cambiado. Que antes el canal fue utilizado por unos banqueros prófugos y ahora por unos oficiosos servidores del poder.
Se trata de una oportunidad perdida. Se está echando al trasto el concepto de medio estatal y medio público para quedarnos en la versión más patética de medio gobiernista. Conducido por dos reporteros de vieja data: Robinson Robles y Carlos Ochoa, el Noticiero Nacional es un compendio de notas en contra de los medios privados y un intento de “popularizar” la agenda, que se traduce en una estética casposa cuyo mejor ejemplo es la frase del reportero aquel que proclama: ya dejemos esta vaina de la leva y pongámonos el poncho.
Y están las notas en contra de El Universo o la difusión de un vídeo fabricado para desprestigiar a la directora de El Comercio y que circulaba por Youtube. ¿Información veraz y verificada? ¿Contrastada? ¿Rigurosa? Lo peor es que todo esto, se acompaña de proclamas en contra de la “desinformación”. ¿Quién nos libra de estos desinformadores que supuestamente luchan contra la “desinformación”?
Experiencias de este tipo desprestigian del todo el concepto de medio público. Es decir de medio que debiera tener un fin social de servicio a los ciudadanos bajo criterios de independencia, libertad editorial, pluralidad y participación.
Era una modernización de nombre e imagen que trataba de darnos una idea de normalidad. De que pese a la situación jurídica, se mantenían los planes y más que nada las líneas de trabajo del canal. Esto último, se volvería una realidad de unos alcances que nunca imaginaríamos.
En los viejos tiempos (apenas es un año pero parece que ha pasado una eternidad), TC Televisión y Gama TV eran canales que fueron utilizados por sus dueños, banqueros prófugos en Miami, para emprender en campañas de ataque en contra de todo aquel a quien consideran enemigo o simplemente crítico frente a sus prácticas.
Cierto es que la punta de lanza fue TC. Pero en varias ocasiones Gamavisión cumplió un rol, igualmente, agresivo.
Hace poco Gama TV renovó sus noticieros y con absoluta indignación y tristeza constatamos que nada ha cambiado. Que antes el canal fue utilizado por unos banqueros prófugos y ahora por unos oficiosos servidores del poder.
Se trata de una oportunidad perdida. Se está echando al trasto el concepto de medio estatal y medio público para quedarnos en la versión más patética de medio gobiernista. Conducido por dos reporteros de vieja data: Robinson Robles y Carlos Ochoa, el Noticiero Nacional es un compendio de notas en contra de los medios privados y un intento de “popularizar” la agenda, que se traduce en una estética casposa cuyo mejor ejemplo es la frase del reportero aquel que proclama: ya dejemos esta vaina de la leva y pongámonos el poncho.
Y están las notas en contra de El Universo o la difusión de un vídeo fabricado para desprestigiar a la directora de El Comercio y que circulaba por Youtube. ¿Información veraz y verificada? ¿Contrastada? ¿Rigurosa? Lo peor es que todo esto, se acompaña de proclamas en contra de la “desinformación”. ¿Quién nos libra de estos desinformadores que supuestamente luchan contra la “desinformación”?
Experiencias de este tipo desprestigian del todo el concepto de medio público. Es decir de medio que debiera tener un fin social de servicio a los ciudadanos bajo criterios de independencia, libertad editorial, pluralidad y participación.
miércoles 1 de julio de 2009
FUNDAMEDIOS OFRECE AL DEBATE INFORME COMPLETO SOBRE FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
La Constitución del Ecuador, aprobada en Octubre de 2008, establece en su Disposición Transitoria Vigésimo Cuarta, que se conformará una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión, cuyo informe deberá entregarse en un plazo máximo de 180 días.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1445, expedido el 20 de Noviembre de 2008, el Presidente Rafael Correa conforma la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión para que determine la constitucionalidad, legitimidad y transparencia de las concesiones desde los enfoques legal, financiero, social y comunicacional. La auditoría se aplica al periodo 1995-2008 y su metodología se deja a discreción y criterios técnicos de la propia Comisión.
Cumplido el plazo para el que fue creada la Comisión y una vez que ésta concluyó la investigación encomendada, procedió a entregar su Informe al Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), con fecha 20 de Mayo de 2009.
En sesión de 3 de Junio de 2009 el CONARTEL adoptó la Resolución No. 5856-09, disponiendo a la Asesoría Jurídica de ese organismo que emita un pronunciamiento respecto al contenido, conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión. FUNDAMEDIOS, por su parte, fundamentado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), presentó una petición ante la Presidencia de la República para que el Informe Final de la Comisión sea revelado, el mismo que nos fue entregado el día jueves 24 de junio del presente año.
FUNDAMEDIOS considera que el Informe de la Comisión contiene una serie de importantes conclusiones y describe acciones y omisiones relacionadas con la concesión de frecuencias para radio y televisión que estarían reñidas con el ordenamiento jurídico y que develan posibles actos de corrupción que deberán ser investigados y sancionados por las autoridades y jueces competentes. Cualquier proceso o sanción deberá respetar el principio del debido proceso, pues las personas naturales y jurídicas involucradas tienen el derecho de responder y presentar sus descargos.
Debido al volumen y complejidad de la investigación, FUNDAMEDIOS no puede por ahora avalar ni pronunciarse sobre su contenido. Sin embargo, pensamos que de ninguna manera el Informe de la Comisión puede caer en un saco vacío, sin motivar acciones y respuestas de parte de las autoridades de Gobierno y el CONARTEL.
A pesar de que las conclusiones de la Comisión no tienen efecto jurídico inmediato, creemos que pueden derivar en acciones de tipo administrativo y judicial, a través de los órganos competentes, que puede cambiar radicalmente el panorama de la comunicación audiovisual y radiofónica en el Ecuador.
Por estas razones, y consecuente con sus principios y objetivos institucionales, FUNDAMEDIOS pone a disposición de los ciudadanos de manera íntegra el Informe de la Comisión con todos sus anexos, para que se genere el debate público y transparente que amerita un informe de esta trascendencia.
Es saludable que en este caso particular la Presidencia de la República haya respondido en cumplimiento de la LOTAIP frente al pedido de información pública que hiciera FUNDAMEDIOS.
Solicitamos públicamente que respetando los mismos principios y con la misma celeridad la Presidencia de la República revele su anteproyecto de Ley de Comunicación, para que igualmente pueda ser debidamente conocido y debatido de la forma más participativa e incluyente, considerando la relevancia social que ese instrumento legal va a tener en el Ecuador.
Cualquier persona interesada podrá descargar el informe completo de www.fundamedios.org o podrá solicitar una copia en las oficinas de KOMITE CONSULTOR, nuestro gabinete de prensa, ubicado: Av. República del Salvador N35-126 y Portugal Edificio Zanté Of 407, Tfs: 3333229/ 3332776.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1445, expedido el 20 de Noviembre de 2008, el Presidente Rafael Correa conforma la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión para que determine la constitucionalidad, legitimidad y transparencia de las concesiones desde los enfoques legal, financiero, social y comunicacional. La auditoría se aplica al periodo 1995-2008 y su metodología se deja a discreción y criterios técnicos de la propia Comisión.
Cumplido el plazo para el que fue creada la Comisión y una vez que ésta concluyó la investigación encomendada, procedió a entregar su Informe al Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), con fecha 20 de Mayo de 2009.
En sesión de 3 de Junio de 2009 el CONARTEL adoptó la Resolución No. 5856-09, disponiendo a la Asesoría Jurídica de ese organismo que emita un pronunciamiento respecto al contenido, conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión. FUNDAMEDIOS, por su parte, fundamentado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), presentó una petición ante la Presidencia de la República para que el Informe Final de la Comisión sea revelado, el mismo que nos fue entregado el día jueves 24 de junio del presente año.
FUNDAMEDIOS considera que el Informe de la Comisión contiene una serie de importantes conclusiones y describe acciones y omisiones relacionadas con la concesión de frecuencias para radio y televisión que estarían reñidas con el ordenamiento jurídico y que develan posibles actos de corrupción que deberán ser investigados y sancionados por las autoridades y jueces competentes. Cualquier proceso o sanción deberá respetar el principio del debido proceso, pues las personas naturales y jurídicas involucradas tienen el derecho de responder y presentar sus descargos.
Debido al volumen y complejidad de la investigación, FUNDAMEDIOS no puede por ahora avalar ni pronunciarse sobre su contenido. Sin embargo, pensamos que de ninguna manera el Informe de la Comisión puede caer en un saco vacío, sin motivar acciones y respuestas de parte de las autoridades de Gobierno y el CONARTEL.
A pesar de que las conclusiones de la Comisión no tienen efecto jurídico inmediato, creemos que pueden derivar en acciones de tipo administrativo y judicial, a través de los órganos competentes, que puede cambiar radicalmente el panorama de la comunicación audiovisual y radiofónica en el Ecuador.
Por estas razones, y consecuente con sus principios y objetivos institucionales, FUNDAMEDIOS pone a disposición de los ciudadanos de manera íntegra el Informe de la Comisión con todos sus anexos, para que se genere el debate público y transparente que amerita un informe de esta trascendencia.
Es saludable que en este caso particular la Presidencia de la República haya respondido en cumplimiento de la LOTAIP frente al pedido de información pública que hiciera FUNDAMEDIOS.
Solicitamos públicamente que respetando los mismos principios y con la misma celeridad la Presidencia de la República revele su anteproyecto de Ley de Comunicación, para que igualmente pueda ser debidamente conocido y debatido de la forma más participativa e incluyente, considerando la relevancia social que ese instrumento legal va a tener en el Ecuador.
Cualquier persona interesada podrá descargar el informe completo de www.fundamedios.org o podrá solicitar una copia en las oficinas de KOMITE CONSULTOR, nuestro gabinete de prensa, ubicado: Av. República del Salvador N35-126 y Portugal Edificio Zanté Of 407, Tfs: 3333229/ 3332776.
Los propietarios de la información
La organización de la sociedad civil Fundamedios (de la cual soy director ejecutivo) presentó públicamente el informe que realizó la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión y que había sido entregado al Presidente de la República, el Ministro coordinador de sectores estratégicos y al presidente del Conartel, el pasado 20 de mayo.
El informe permaneció más de un mes sin que se hiciera público, pues, en el mientras tanto, el Conartel había emitido una resolución para preparar su defensa jurídica frente a los graves hechos investigados por la Comisión.
Del resumen ejecutivo que se filtró hace algunas semanas, se desprendía una serie de hechos de tal gravedad que era imposible permanecer impasible. Así que decidimos hacer una apuesta arriesgada: hacer un pedido de acceso a la información en la Presidencia de la República para que se nos entregara el informe. Con un gesto tan sencillo, se consiguió el documento. ¿Qué debíamos hacer? ¿Guardarlo? ¿Filtrarlo por “abajo” a periodistas y medios? ¿Coordinar estrategias con algunos ex comisionados como me reclamó enojado, mi amigo (¿o ex amigo?) José López Vigil?
No. La decisión fue hacer el gesto que consideramos correcto: entregar el informe públicamente a todos los medios para que todos los ciudadanos que quieran tenerlo y revisarlo lo puedan hacer, sin ninguna limitación. ¿Por qué? Por un principio: la información pública pertenece a los ciudadanos. No es propiedad de algún funcionario o de unos pocos escogidos.
¿Cuál es la estrategia detrás de la revelación pública del informe?, me preguntaron. Ninguna estrategia, respondí. Y comprendí que tras la pregunta había una idea: se nos acusa que con la revelación, "se le estaba haciendo el juego a los acusados de corrupción que están mencionados en el informe", por lo cual era necesario “concertar una estrategia”.
Obviamente, no soy ningún ingenuo, pero tampoco puedo estar de acuerdo con esa visión de las cosas. No creo que abrir las compuertas de una información tan relevante, tan grave y tan determinante como el informe de la comisión sea poner en peligro nada más, que no sea algún afán de protagonismo o alguna “estrategia” que no sabemos.
Muchas veces, las estrategias o las “tácticas” se basan en el uso de información que el adversario no dispone. La manipulación se basa en el ocultamiento y revelación interesada de información. Cuando la información circula libremente, las términos de la ecuación se invierten. Ya no son, algunas personas los que deciden las cosas, sino que hay que contar con el ciudadano común.
De ahí, la importancia de la Ley de Acceso a la Información. Por eso es que como periodistas y ciudadanos debemos utilizar las herramientas que nos da la Ley de forma exhaustiva. Pero una vez que esa información, llega a nuestras manos debemos saber que la misma tampoco nos pertenece, que finalmente el propietario es cada uno de los ecuatorianos.
El informe permaneció más de un mes sin que se hiciera público, pues, en el mientras tanto, el Conartel había emitido una resolución para preparar su defensa jurídica frente a los graves hechos investigados por la Comisión.
Del resumen ejecutivo que se filtró hace algunas semanas, se desprendía una serie de hechos de tal gravedad que era imposible permanecer impasible. Así que decidimos hacer una apuesta arriesgada: hacer un pedido de acceso a la información en la Presidencia de la República para que se nos entregara el informe. Con un gesto tan sencillo, se consiguió el documento. ¿Qué debíamos hacer? ¿Guardarlo? ¿Filtrarlo por “abajo” a periodistas y medios? ¿Coordinar estrategias con algunos ex comisionados como me reclamó enojado, mi amigo (¿o ex amigo?) José López Vigil?
No. La decisión fue hacer el gesto que consideramos correcto: entregar el informe públicamente a todos los medios para que todos los ciudadanos que quieran tenerlo y revisarlo lo puedan hacer, sin ninguna limitación. ¿Por qué? Por un principio: la información pública pertenece a los ciudadanos. No es propiedad de algún funcionario o de unos pocos escogidos.
¿Cuál es la estrategia detrás de la revelación pública del informe?, me preguntaron. Ninguna estrategia, respondí. Y comprendí que tras la pregunta había una idea: se nos acusa que con la revelación, "se le estaba haciendo el juego a los acusados de corrupción que están mencionados en el informe", por lo cual era necesario “concertar una estrategia”.
Obviamente, no soy ningún ingenuo, pero tampoco puedo estar de acuerdo con esa visión de las cosas. No creo que abrir las compuertas de una información tan relevante, tan grave y tan determinante como el informe de la comisión sea poner en peligro nada más, que no sea algún afán de protagonismo o alguna “estrategia” que no sabemos.
Muchas veces, las estrategias o las “tácticas” se basan en el uso de información que el adversario no dispone. La manipulación se basa en el ocultamiento y revelación interesada de información. Cuando la información circula libremente, las términos de la ecuación se invierten. Ya no son, algunas personas los que deciden las cosas, sino que hay que contar con el ciudadano común.
De ahí, la importancia de la Ley de Acceso a la Información. Por eso es que como periodistas y ciudadanos debemos utilizar las herramientas que nos da la Ley de forma exhaustiva. Pero una vez que esa información, llega a nuestras manos debemos saber que la misma tampoco nos pertenece, que finalmente el propietario es cada uno de los ecuatorianos.
martes 30 de junio de 2009
Ningún parecido
Converso con Roberto Pereira, quien trabajó durante 11 años en la Defensoría del Pueblo del Perú. Ahora dirige un estudio jurídico que acoge casos de litigio pro bono que tienen que ver con la libertad de expresión y el acceso a la información.
Él asumió la defensa de radio La Voz de Bagua Grande, ubicada en la localidad del mismo nombre (noroeste del Perú), por pedido del IPYS, Perú. Una resolución ministerial, con fecha del 8 de junio, revocó la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande. No obstante, la emisora gozaba desde el 13 de marzo de 2007 de una autorización de radiodifusión por espacio de 10 años.
La resolución tomada en esa fecha preveía que La Voz de Bagua Grande dispusiese de un período de instalación y prueba de 12 meses. El director de la emisora, Carlos Flores Borja, afirmó haber remitido al ministerio, el 29 de enero, los documentos requeridos para la homologación. Dicho correo especificaba, con una carta del municipio de Utcubamba como prueba, que el sitio de instalación inicial de la radio se tuvo que cambiar por razones de seguridad. El Ministerio retomó precisamente ese motivo alegando una "opinión desfavorable" emitida el 31 de diciembre de 2008, antes de que acabase el período probatorio, para cancelar el permiso de radiodifusión.
¿Cuál es el fondo de este asunto? Reporteros sin Fronteras lo señala con claridad: "Nadie puede quedar engañado con las razones dadas por el Gobierno para acallar La Voz de Bagua Grande. Esta decisión interviene tras recientes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la región Amazonas. Varias voces, tanto por parte de la Policía como del poder político, acusaron a la emisora de haber fomentado el motín. Si esta acusación fuese fundada, entonces, ¿por qué recurrir a argumentos de tipos administrativo y técnico para justificar la cancelación de la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande? Se trata de un acto de censura y de intimidación".
Añade Reporteros sin Fronteras que: "En realidad, La Voz de Bagua Grande ha estado en el punto de mira del Gobierno desde los enfrentamientos que agitaron la región Amazonas al principio del mes de junio. En medio de los disturbios, el 5 de junio de 2009, que causaron unos 30 muertos, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, amenazó públicamente con cerrar La Voz de Bagua Grande y radio Oriente, otra emisora ubicada en Yurimaguas, por su supuesto "apoyo" de la violencia contra las fuerzas del orden".
Roberto Pereira, en cambio, apunta a la discrecionalidad con un fuerte olor a retaliación política con la cual actúan las autoridades de control. Y eso que en el Perú estamos hablando de una legislación relativamente nueva, discutida y probada después de la nefasta era Fujimori.
El poder tiene muchas formas de actuar para presionar a medios y periodistas. Una forma es, justamente, esgrimir "razones técnicas" para acallar un medio. Otro puede ser el firmar un decreto que significa castigar a los medios impresos con el retiro de la publicidad oficial por sus investigaciones periodísticas. Pero nada de eso sucede en nuestro país. ¿No es cierto?
Él asumió la defensa de radio La Voz de Bagua Grande, ubicada en la localidad del mismo nombre (noroeste del Perú), por pedido del IPYS, Perú. Una resolución ministerial, con fecha del 8 de junio, revocó la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande. No obstante, la emisora gozaba desde el 13 de marzo de 2007 de una autorización de radiodifusión por espacio de 10 años.
La resolución tomada en esa fecha preveía que La Voz de Bagua Grande dispusiese de un período de instalación y prueba de 12 meses. El director de la emisora, Carlos Flores Borja, afirmó haber remitido al ministerio, el 29 de enero, los documentos requeridos para la homologación. Dicho correo especificaba, con una carta del municipio de Utcubamba como prueba, que el sitio de instalación inicial de la radio se tuvo que cambiar por razones de seguridad. El Ministerio retomó precisamente ese motivo alegando una "opinión desfavorable" emitida el 31 de diciembre de 2008, antes de que acabase el período probatorio, para cancelar el permiso de radiodifusión.
¿Cuál es el fondo de este asunto? Reporteros sin Fronteras lo señala con claridad: "Nadie puede quedar engañado con las razones dadas por el Gobierno para acallar La Voz de Bagua Grande. Esta decisión interviene tras recientes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la región Amazonas. Varias voces, tanto por parte de la Policía como del poder político, acusaron a la emisora de haber fomentado el motín. Si esta acusación fuese fundada, entonces, ¿por qué recurrir a argumentos de tipos administrativo y técnico para justificar la cancelación de la licencia de difusión de La Voz de Bagua Grande? Se trata de un acto de censura y de intimidación".
Añade Reporteros sin Fronteras que: "En realidad, La Voz de Bagua Grande ha estado en el punto de mira del Gobierno desde los enfrentamientos que agitaron la región Amazonas al principio del mes de junio. En medio de los disturbios, el 5 de junio de 2009, que causaron unos 30 muertos, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, amenazó públicamente con cerrar La Voz de Bagua Grande y radio Oriente, otra emisora ubicada en Yurimaguas, por su supuesto "apoyo" de la violencia contra las fuerzas del orden".
Roberto Pereira, en cambio, apunta a la discrecionalidad con un fuerte olor a retaliación política con la cual actúan las autoridades de control. Y eso que en el Perú estamos hablando de una legislación relativamente nueva, discutida y probada después de la nefasta era Fujimori.
El poder tiene muchas formas de actuar para presionar a medios y periodistas. Una forma es, justamente, esgrimir "razones técnicas" para acallar un medio. Otro puede ser el firmar un decreto que significa castigar a los medios impresos con el retiro de la publicidad oficial por sus investigaciones periodísticas. Pero nada de eso sucede en nuestro país. ¿No es cierto?
Los medios del Estado
¿Cuál es la diferencia entre un medio en poder del Estado y un medio de servicio público? Pese a lo que algunos nos quieren hacer creer, no es la propiedad. Es decir, un medio por estar en manos del Estado no es, necesariamente, "de todos".
¿Entonces? Se trata de la función que cumple. Si se exige que un medio privado cumpla un rol social, para un medio que se pretende público esa es su razón de ser. La función que cumple un medio tiene mucho que ver con la forma en que se gestiona un medio estatal, como con la programación que ofrece a la audiencia.
En la gestión de un medio público, por lo tanto, debe haber criterios muy bien definidos de eficiencia y "buen gobierno". Porque, además, recordémoslo, hay dineros del Estado. Es decir, existe la obligación de rendir cuentas al milímetro.
Si se atiende a los reportajes aparecidos en diario El Universo sobre el conglomerado de 15 medios de comunicación que maneja el Estado actualmente, debemos concordar que estamos muy lejos del ideal. Estamos simplemente ante un fenómeno de acumulación de medios en manos del Estado, manejados, al parecer sin transparencia o sin criterios precisos de calidad de gestión, de rendición de cuentas o que ofrezcan resultados de algún tipo. Y no me refiero a lo financiero, sino a la devolución a la sociedad de modelos de comunicación democráticos, incluyentes, transparentes, diversos... Todo aquello que se les pide a lo medios privados, por lo menos.
Como esto no se trata de simpatías o antipatías políticas o personales, veamos qué parámetros debe cumplir un medio en manos del Estado para que pueda pedir el apellido de "público". Se trata de unos parámetros desarrollados por algunos académicos y teóricos mexicanos. Veamos:
1. Independencia de gestión. Para su funcionamiento en atención al interés público, la independencia de gestión constituye un principio esencial.
2. Independencia editorial. Los medios públicos requieren libertad editorial para cumplir con la obligación de informar a la sociedad con criterios éticos, profesionales y de calidad.
3. Universalidad. Los medios públicos deben ser un servicio público para toda la sociedad, por lo que su acceso debe abarcar todo el territorio nacional.
4. Corresponsabilidad. Desarrollar una gestión transparente y abierta al control y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la aplicación de sus recursos.
5. Claridad jurídica. Los objetivos, los deberes y las directrices que guían el funcionamiento de los medios públicos deben estar claramente definidos y garantizados por la ley.
6. Pluralidad cultural. Los medios públicos deben contribuir de manera decidida a la afirmación y al reconocimiento de todas las culturas que conforman la nación.
7. Fomento a la cultura política democrática.
8. Compromiso con la educación.
9. Compromiso con la ciencia y las artes.
¿Cumplen alguno de estos criterios los 15 medios en manos del Estado? Dejo en sus manos la respuesta.
viernes 12 de junio de 2009
Carta de José Alonso
Apuesto, rotunda y definitivamente, por la libertad de prensa. Asumo, como periodista, que cometemos muchos errores y que actuamos de forma errónea de manera constante. Admito personalmente que incurrí en numerosas fallas mientras ejercía como periodista. Como sé que las compañeras y compañeros periodistas en Ecuador saben que yerran reiteradamente.
Muchos de nuestros errores tienen justificación. La información tiene que fluir con rapidez porque la noticia es fugaz y lo que tarda en comunicarse no es noticia sino historia. Y lo que se hace con premura, suele tener defectos.
Los periodistas somos personas y tenemos impulsos, y eso provoca que nos precipitemos y fallemos. Los profesionales de la información tenemos, cada uno, distinto color de ojos y vemos la realidad desde nuestra perspectiva, que es individual y subjetiva, porque no somos máquinas, ni somos infalibles, porque la objetividad no existe y porque, afortunadamente, no todos tenemos la misma visión de las cosas.
Pero también es cierto que muchos de nuestros fallos no tienen justificación. Que, impulsados por nuestros sentimientos —porque somos humanos, aunque a veces no lo parezca—, tratamos los datos y la información con poco respeto. Que llegamos a manipular algunas noticias acosados por la crisis perpetua del periodismo y por algunos empresarios y directivos poco escrupulosos; y que a veces —pocas— somos corrompidos y engañados por políticos y fuentes indignas.
Es evidente que los periodistas y los medios informativos tenemos que plantearnos cuanto antes un proceso de autocrítica porque se lo debemos a la ciudadanía y por nuestro propio interés y supervivencia.
Y también quiero decir que soy consciente de que el presidente Rafael Correa persigue lo mejor para Ecuador. Creo que lo buscó siempre, desde el primer día, y que mantiene esa posición, a pesar de errores y equivocaciones propios del ser humano.
Con estas —amplias— consideraciones previas y con las reservas necesarias porque la distancia me impide manejar todos los datos y matices, quiero expresar, con carácter general, mi respaldo a las mujeres y hombres del periodismo en Ecuador, así como a los empresarios del sector que actúan de buena fe, aunque se puedan equivocar.
Sin corporativismo, deseo señalar mi respeto a Sebastián Corral, Jorge Ortiz, Milton Pérez, Freddy Paredes y a tantos compañeros y compañeras, la mayoría desconocidos para la ciudadanía, que hacen posible cada día TeleAmazonas. Lo mismo debo decir en relación a los profesionales en Ecuavisa, Hoy, El Universo, Vistazo, El Comercio, Vanguardia, Expreso, Telégrafo y los centenares de publicaciones, radios y televisiones ecuatorianos.
Los medios y los periodistas no están por encima de la ley, pero creo que el poder Ejecutivo —el Gobierno— no debe intervenir en el monitoreo ni fiscalización del contenido editorial de los medios informativos, salvo para fijar las contraprestaciones que, por utilizar el espacio público, deben ofrecer a la sociedad en forma de espacios formativos, culturales e infantiles, entre otros. Es más, defiendo que, en democracia, los periodistas son un agente de control/veeduría fundamental sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que así debe seguir siendo.
Los periodistas pueden y deben ser vigilados y, si fuera preciso, sancionados, pero lo debe hacer un poder judicial independiente y con las garantías debidas. Las leyes que existen son, a mi juicio, suficientes para proteger a la sociedad frente a posibles abusos. Que se apliquen las leyes y que lo haga el poder judicial.
Es suficiente.
Madrid, 10 de junio de 2009
José Alonso Seco
periodista
Muchos de nuestros errores tienen justificación. La información tiene que fluir con rapidez porque la noticia es fugaz y lo que tarda en comunicarse no es noticia sino historia. Y lo que se hace con premura, suele tener defectos.
Los periodistas somos personas y tenemos impulsos, y eso provoca que nos precipitemos y fallemos. Los profesionales de la información tenemos, cada uno, distinto color de ojos y vemos la realidad desde nuestra perspectiva, que es individual y subjetiva, porque no somos máquinas, ni somos infalibles, porque la objetividad no existe y porque, afortunadamente, no todos tenemos la misma visión de las cosas.
Pero también es cierto que muchos de nuestros fallos no tienen justificación. Que, impulsados por nuestros sentimientos —porque somos humanos, aunque a veces no lo parezca—, tratamos los datos y la información con poco respeto. Que llegamos a manipular algunas noticias acosados por la crisis perpetua del periodismo y por algunos empresarios y directivos poco escrupulosos; y que a veces —pocas— somos corrompidos y engañados por políticos y fuentes indignas.
Es evidente que los periodistas y los medios informativos tenemos que plantearnos cuanto antes un proceso de autocrítica porque se lo debemos a la ciudadanía y por nuestro propio interés y supervivencia.
Y también quiero decir que soy consciente de que el presidente Rafael Correa persigue lo mejor para Ecuador. Creo que lo buscó siempre, desde el primer día, y que mantiene esa posición, a pesar de errores y equivocaciones propios del ser humano.
Con estas —amplias— consideraciones previas y con las reservas necesarias porque la distancia me impide manejar todos los datos y matices, quiero expresar, con carácter general, mi respaldo a las mujeres y hombres del periodismo en Ecuador, así como a los empresarios del sector que actúan de buena fe, aunque se puedan equivocar.
Sin corporativismo, deseo señalar mi respeto a Sebastián Corral, Jorge Ortiz, Milton Pérez, Freddy Paredes y a tantos compañeros y compañeras, la mayoría desconocidos para la ciudadanía, que hacen posible cada día TeleAmazonas. Lo mismo debo decir en relación a los profesionales en Ecuavisa, Hoy, El Universo, Vistazo, El Comercio, Vanguardia, Expreso, Telégrafo y los centenares de publicaciones, radios y televisiones ecuatorianos.
Los medios y los periodistas no están por encima de la ley, pero creo que el poder Ejecutivo —el Gobierno— no debe intervenir en el monitoreo ni fiscalización del contenido editorial de los medios informativos, salvo para fijar las contraprestaciones que, por utilizar el espacio público, deben ofrecer a la sociedad en forma de espacios formativos, culturales e infantiles, entre otros. Es más, defiendo que, en democracia, los periodistas son un agente de control/veeduría fundamental sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que así debe seguir siendo.
Los periodistas pueden y deben ser vigilados y, si fuera preciso, sancionados, pero lo debe hacer un poder judicial independiente y con las garantías debidas. Las leyes que existen son, a mi juicio, suficientes para proteger a la sociedad frente a posibles abusos. Que se apliquen las leyes y que lo haga el poder judicial.
Es suficiente.
Madrid, 10 de junio de 2009
José Alonso Seco
periodista
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